El bloque Justicialista del Senado presentó un proyecto propio sobre la acción civil conocida como extinción de dominio, que permite al Estado recuperar bienes relacionados con el delito, y apuesta a tener dictamen a fines de julio para llevarlo al recinto.
La iniciativa, que fue presentada en conferencia de prensa por los senadores encabezados por Miguel Ángel Pichetto, reemplaza a una anterior que fue aprobada por la Cámara baja en 2016 y que el Senado modificó pero no sometió a votación porque Diputados -que debería votarlo de nuevo, por los cambios hechos- no garantizó su aprobación.
"A diferencia de la media sanción, este proyecto tiene una estructura que significa una reforma del Código Penal, un proceso y garantías que tiene que tener todo ciudadano", explicó Pichetto durante la conferencia.
// Diputados le dio media sanción a la ley de extinción de dominio
Por su parte el senador Rodolfo Urtubey sostuvo que la figura del decomiso "nunca funcionó bien" porque los bienes se deterioraban y que "por eso surgió la idea de la extinción de dominio como una acción civil que permitiera tomar los bienes vinculados al delito, administrarlos y recuperarlos para el Estado".
El nuevo proyecto establece la extinción de dominio como una acción con autonomía dentro del proceso penal y señala que cuando hay certeza de delito para juzgar, el Procurador del Tesoro será legitimado para iniciar la acción.
Pichetto sostuvo que "en la etapa de instrucción se inhiben y se congelan los bienes" para preservarlos hasta el momento en que haya condena o absolución por parte del tribunal oral. Ocurre que el proyecto establece que la acción de extinción de dominio debe dictarse en simultáneo con la condena impuesta por el tribunal y no en otro momento.
El jefe del bloque también señaló que el proyecto contempla un mecanismo de revisión para los casos en que, tras una apelación, el tribunal de alzada rechace la condena de primera instancia y absuelva al acusado. De acuerdo al proyecto del justicialismo, la extinción de dominio se aplicará para los delitos de corrupción de funcionarios públicos, narcotráfico, proxenetismo, corrupción de menores y secuestro, entre otros.
