"El macrismo no tiene nada que ver con esto", aseguró el presidente provisional del Senado Federico Pinedo, tras las acusaciones de que el Gobierno "estaba detrás" del fallo de la Corte Suprema que benefició con el "2x1" a un condenado por delitos de lesa humanidad.
Como respuesta a esta decisión del máximo tribunal Pinedo adelantó que esa semana el PRO presentará un proyecto para "acotar" el criterio de aplicación de este beneficio a quienes estuvieron presos durante la vigencia de la ley. El senador calificó como "nefasto" al 2x1 porque "beneficiaba a los criminales más graves".
De todos modos afirmó, sobre la decisión de la Corte: "Hay que respetar las decisiones de los jueces, sobre todo el poder político". Para Pinedo, el fallo del máximo tribunal de Justicia "no es una grosería en términos técnicos".
"Los beneficios del 2 por 1 se tienen que limitar a las personas que estuvieron presos durante la vigencia del 2 por 1".
// Por mayoría, la Corte aplicó el 2x1 para prisión en un caso de delitos de lesa humanidad
El senador oficialista consideró que el fallo "reabre heridas, más que gener una reconciliación" como la planteada por la Iglesia Católica, para iniciar un proceso de diálogo en pos de la reconciliación a cuatro décadas de la dictadura militar.
En ese sentido, adelantó en una entrevista a Radio Con Vos que esta semana presentará un proyecto de Ley en la Cámara alta para acotar ese criterio a los condenados que hubieren cumplido prisión entre 1994 y 2001, cuando se derogó la ley.
El fallo fue dictado el miércoles pasado por el máximo tribunal y benefició con el cómputo de 2x1 (que reduce el cómputo de la cárcel) a Luis Muiña, de 61 años, que había sido condenado en 2013 a 13 años de prisión por ser "coautor del delito de privación ilegal de la libertad" e "imposición de tormentos" en cinco casos durante la última dictadura.
El fallo fue avalado por los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, mientras que el presidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda se pronunciaron en contra. La medida fue muy cuestionada, especialmente por organismos de Derechos Humanos y por la oposición.
