En medio de la marcha y contramarcha por el tarifazo en la luz y el gas, una nueva polémica recae sobre el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. Declaró tener millones de pesos en acciones en la petrolera Shell, de la que fue CEO, y desde su ministerio señalaron que no se desprenderá de ellas porque no hay incompatibilidad.
Según publica el diario La Nación, en su última declaración jurada Aranguren declaró ante la Oficina Anticorrupción poseer acciones de la petrolera angloholandesa por $16 millones. El ministro de Energía estuvo al frente de la multinacional hasta diciembre del año pasado, cuando asumió su cargo en el gobierno de Mauricio Macri.
Al ser consultados sobre la incongruencia que genera tomar medidas que puedan beneficiar a una empresa en la que Aranguren tiene acciones, desde su ministerio dijeron: "La única restricción que impone la ley es que el ministro no puede tomar decisiones particulares sobre Shell, dado que esa empresa fue su anterior empleador".
La ley de Ética Pública, en su artículo 15, indica que los funcionarios deben "abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o en los que tenga participación societaria".
Para salvar esto, desde que Aranguren asumió en el ministerio en diciembre pasado, todas las decisiones que involucraron a las petroleras llevaron la firma del subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, o el subsecretario de Coordinación Administrativa, Sebastián Scheimberg.
LA INCOMPATIBILIDAD YA ESTÁ EN LA JUSTICIA
La semana pasada, el fiscal federal Carlos Stornelli solicitó abrir una investigación contra Aranguren, a partir de una denuncia de diputados kirchneristas. Lo acusan de beneficiarse con los aumentos tarifarios de gas, debido a su doble rol como funcionario público y accionista de Shell. El fiscal elevo el pedido al juez federal Luis Rodríguez y solicitó una serie de medidas de pruebas para avanzar en la investigación.
Los denunciantes fueron los diputados nacionales Martín Doñate y Rodolfo Tailhade. Habían solicitado informes al Ministerio de Energía sobre Shell y los cuadros tarifarios, a la Oficina Anticorrupción sobre la declaración patrimonial de Aranguren; y a Shell, sobre las acciones y ganancias del funcionario.
También solicitaron información sobre las negociaciones de la empresa British Gas y requerimientos al Ministerio de Energía de Chile por las últimas negociaciones con ese país para enviar gas a la Argentina.
