El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, a cargo de la causa que investiga una supuesta red de espionaje ilegal, invitó a declarar como "querellados" al magistrado porteño Claudio Bonadio, las diputadas de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa Carrió y Paula Oliveto, y la parlamentaria del Mercosur, Mariana Zuvic.
// Citaron a declarar al periodista Daniel Santoro en la causa por espionaje ilegal
La resolución, a la que accedió TN.com.ar, estableció: "Haciéndoles saber de su derecho de presentarse al tribunal, prestar declaración, aclarar los hechos y/o indicar las pruebas que a su juicio podrían resultar inútiles y conducentes".
El juez basó su resolución en dos artículos del Código Procesal Penal: el 73 establece que en la que "una persona a la que se le imputare la comisión de un delito tiene derecho, aun cuando no hubiera sido indagada, a presentarse al tribunal -junto a su abogado defensor- aclarando los hechos o indicando las pruebas que a su juicio puedan ser útiles".
El artículo 279 puntualiza que "la persona contra la cual se hubiera iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el juez competente a fin de declarar. Si la declaración fuera recibida en la forma prescripta para la indagatoria, valdrá como tal a cualquier efecto. La presentación espontánea no impedirá que se ordene la detención cuando corresponda".
El magistrado, entonces, convocó a Bonadio, Carrió, Oliveto y Zuvic a declarar en calidad de querellados por algunas de las partes, pero no como imputados porque el juez hasta ahora no reunió elementos para imputarles un delito.
Algunas de las partes, como el empresario agropecuario Pedro Etchebest, en relación al juez porteño, o el exembajador ante el Vaticano Eduardo Valdés, sobre las legisladoras de la CC-ARI, tendrán un "plazo de diez días" para "adecuar sus pretensiones y pedidos al objeto procesal de la causa", es decir aportar elementos para reprocharles a los querellados invitados a declarar. Valdés querelló a Carrió, Oliveto y Zuvic por su presunta participación en la asociación ilícita de D'Alessio y el supuesto uso de la información obtenida a través del espionaje ilegal.
Ramos Padilla comenzó investigando a Marcelo D'Alessio por la presunta extorsión a Pedro Etchebest supuestamente en nombre de Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. En ese momento, Etchebest querelló a D'Alessio, Bonadio y Stornelli. En la causa por espionaje están imputados D'Alessio y Stornelli, al que el falso abogado desligó en su declaración.
El juez Ramos Padilla pidió el desafuero o remoción del fiscal federal, que faltó a cinco citaciones a indagatoria por el expediente por espionaje ilegal. En tanto que la Cámara Federal de Mar del Plata ratificó el estado de rebeldía de Stornelli y confirmó "provisoriamente" al juez federal de Dolores al frente del expediente en el que se investiga una supuesta asociación ilícita dedicada a la extorsión y al espionaje ilegal.
Operativo Puf
Periodismo Para Todos (PPT) reveló una serie de maniobras judiciales conocida como "Operativo Puf", que demostraron que un grupo de exfuncionarios K -algunos de ellos, detenidos- intentó tumbar la causa de los cuadernos de las coimas. En los audios que difundió el programa se escuchan diálogos con detalles de las denuncias que se radicarían contra Stornelli.
Los audios demuestran cómo dirigentes K armaron la denuncia para tratar de remover al fiscal de la megacausa de los cuadernos de las coimas, en la que la expresidenta es la principal investigada. En los diálogos quedan expuestos los momentos previos a la presentación de la denuncia en la que se investiga la extorsión por parte del falso abogado D'Alessio al empresario y denunciante Etchebest.
