La ministra de Justicia, Marcela Losardo, confirmó que el juez federal Daniel Rafecas será propuesto por el Gobierno como Procurador General de la Nación, cargo que se encuentra vacante desde la salida de Alejandra Gils Carbó, y que fue cubierto de manera interina por Eduardo Casal.
// Encuentros y llamados: ¿De qué hablan Roberto Lavagna y Alberto Fernández?
El pliego ingresará al Senado en los próximos días y para su aprobación deberá contar con el apoyo de la oposición, ya que se necesita mayoría especial, es decir, dos tercios de los presentes.
"Es un candidato muy bueno, iremos cubriendo y completando lo que haga falta para tener una Justicia más eficaz, rápida e independiente", aseguró en diálogo con radio 10 la titular de la cartera de Justicia.
Daniel Rafecas, de 52 años, tiene una amplia trayectoria en los tribunales federales de Comodoro Py. Fue nombrado juez federal en 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner y estuvo vinculado al exprocurador general de la Nación, Eduardo Righi, mentor del presidente Alberto Fernández.
El magistrado estuvo al frente de investigaciones por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar, y fue el que envió a juicio oral por enriquecimiento ilícito al exjefe del Ejército K, César Milani. A su vez, llevó adelante la pesquisa por el caso de coimas en el Senado durante el gobierno de Fernando De La Rúa: envió a juicio oral al expresidente, que terminaría absuelto.
Fue duramente cuestionado por desestimar la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por el supuesto encubrimiento a Irán en la firma del Memorándum de Entendimiento por el atentado a la AMIA. En 2018, el Consejo de la Magistratura lo sancionó económicamente por su conducta al frente de ese expediente. Incluso el propio Juez reconoció "presiones" del gobierno de la exmandataria.
En este contexto, el presidente Fernández lo eligió como su candidata a la Procuración General de la Nación, designación que cuenta con el visto bueno de la propia Cristina Kirchner. Ahora será el Congreso el que tendrá la palabra final.
