La primera jornada de audiencias públicas convocadas por el Gobierno para aumentar la tarifa del gas dejó dos cosas en claro: el Ejecutivo quiere aumentos graduales, con aumentos que van 122% y 236% promedio para usuarios residenciales y que dejaría a la mayoría de usuarios pagando 107 pesos mensuales. Lo segundo es que no se mostró dispuesto a incorporar ningún cambio de los muchos que pidieron los expositores.
Al menos con esas dos ideas se fueron las asociaciones de consumidores, que participaron del primer día de audiencias. La jornada se vio opacada por disturbios en Córdoba e incidentes en Neuquén, donde manifestantes de ATE se enfrentaron con la Policía y hasta atacaron a un camarógrafo del canal local 24/7.
El concejal neuquino Francisco Sánchez (PRO) dijo que "se suspendió la audiencia porque no está garantizada la seguridad para continuar", y acusó a los manifestantes de ATE de "inadaptados", que "vinieron directamente a romper puertas, ventanas y cortaron la luz del edificio".
El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, explicó que "nosotros intentamos ser parte de la audiencia porque supuestamente son públicas, donde debería poder participar cualquier ciudadano".
UN CAMARÓGRAFO AGREDIDO
Marcos Arcas, del canal local 24/7, estaba cubriendo los incidentes que se registraron esta mañana y recibió un piedrazo. Su cámara nunca dejó de grabar y registró los momentos posteriores al impacto.
En tanto, en Salta con una escasa participación ciudadana, apenas ocho oradores hicieron los reclamos en el salón principal de la Sociedad Española.
Aranguren dijo que los usuarios residenciales tendrán un aumento promedio del 203% en el gas https://t.co/v7JvQmacVZ pic.twitter.com/qxIW98mhNB
— TN - Todo Noticias (@todonoticias) 16 de septiembre de 2016
El defensor del Pueblo de Salta, Nicolás Zenteno, calificó a la audiencia pública como una "oportunidad para todos los argentinos de saber cuál será el tratamiento del gas hasta 2019".
Zenteno indicó que un "salteño no puede pagar lo mismo que un porteño, porque gana bastante menos", y añadió que "son estas cuestiones socio-económicas de nuestra región las que deben ser ponderadas por el gobierno nacional al momento de determinar cuál será definitivamente la tarifa final".
Un pequeño grupo de unos 40 manifestantes del Partido Obrero protestaron en contra del aumento de tarifas, aunque sin mayores inconvenientes.
En Rosario, en el recinto del Colegio de Abogados, la diputada nacional del PRO, Gisela Scaglia, y el presidente del Centro Unión Almaceneros, Juan Milito, discreparon en torno de los objetivos de la audiencia pública.
Aranguren garantizó que "los hogares más vulnerables" seguirán accediendo a la tarifa social https://t.co/v7JvQmrNNx pic.twitter.com/MHmgC2pGIM
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Scaglia sostuvo que el objetivo es "lograr un sistema más equitativo para que el Estado no tenga que subsidiar más. Hay una inequidad muy grande en el sistema de distribución de los subsidios. Tenemos que ir progresivamente para que el Estado no tenga que subsidiar más", dijo a Télam la diputada nacional del PRO.
En ese marco, Scaglia sostuvo que "sólo el 40% de los argentinos tienen gas natural", por lo que señaló que "quienes tenemos la suerte de tener gas natural debemos ser responsables del consumo".
Por su parte el presidente del Centro Unión Almaceneros, Juan Milito aseguró que "hoy es el día del despojo, pero seguimos apostando a la movilización popular con la gente en la calle, porque la actividad comercial ha caído sensiblemente".
DISTURBIOS EN CÓRDOBA
Militantes y dirigentes cordobeses de izquierda protestaron en la zona de ingreso de la audiencia, por la decisión que tomó el Enargas de reducir a 21 la lista de expositores, del total de 205 inscriptos en Córdoba.
El abogado Horacio Viqueira, pidió que la audiencia fuera anulada por la "falta de información previa que fundamente el aumento del nuevo cuadro tarifario. No están haciendo caso al fallo de la Corte porque están repitiendo los mismos errores".
Sin embargo, la senadora nacional (Cambiemos-Córdoba), Laura Rodríguez Machado, aclaró que "todos los inscriptos van a tener la posibilidad de exponer, no de manera oral pero sí mediante escritos porque si tienen que hacerlo de manera oral va a llevar varias semanas".
Asimismo, la legisladora nacional explicó a Télam que el Enargas "hizo una selección de los expositores para que un grupo exponga de manera oral y otros por escrito. Todas las exposiciones tienen el mismo valor y van a ser consideradas en iguales términos".
En la zona portuaria de Entre Rios, en las instalaciones de la Sala Mayo, la audiencia tuvo una escasa concurrencia.
El defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, consideró que debe haber "un aumento progresivo y razonable como lo dice el fallo de la Corte, debe estar relacionado con la realidad de cada zona, y con estas audiencias el Gobierno nacional va a conocer las realidades de cada zona del país".
En Santa Rosa, La Pampa, en el edificio de Vialidad Nacional ubicado en pleno centro, la audiencia se realizó con poca presencia de público y algunas críticas por la modalidad impuesta para el acceso.
Uno de los más críticos fue el abogado Ricardo Víctor Cheli, referente de Frente Ciudadano, que cuestionó haber sido excluido para participar de la audiencia y responsabilizó directamente a Enargas, como también acusó al oficialismo de sacarlo del listado de oradores.
A su turno, el diputado provincial Facundo Sola manifestó su molestia porque no le permitieron ingresar a la audiencia pública, por lo que calificó esta situación como "un acto de censura. Un atropello institucional" y remarcó que "de ninguna manera convalido esta metodología. No quieren voces disidentes".
En cambio, uno de quienes respaldaron la audiencia fue el legislador nacional del PRO Martín Maquieyra, quien sostuvo que le alegraba que "uno de los lugares elegidos para la audiencia sea La Pampa. Hay que admitir que este gobierno propuso que sean ocho los distritos para que se escuchen las voces de todo el país".
