Procesado, embargado e inhibido por aprovechamiento indebido de tributos, el esposo de la modelo Rocío Guirao Díaz rechazó las acusaciones en la causa que se originó a partir de una denuncia de la AFIP. "El procesamiento es indirecto", se quejó el empresario Nicolás Paladini. En diálogo con TN, negó que haya presentado facturas truchas.
Explicó que con la empresa aceitera familiar Biocom SA en Córdoba vendían en el mercado interno y que también exportaban a Chile. Producían expeler de soja y compraban materia prima a productores de la zona.
El empresario dijo que fue a partir de las irregularidades de uno de esos productores que terminó procesado. "Se trata de una persona floja de papeles, que tuvo problemas con la AFIP. Al investigar a esa empresa empezaron a analizar a todos los que le comprábamos soja", aclaró Paladini, que negó que él haya incurrido en irregularidades.
"A los productores que les compramos, a cada uno de ellos, se le pide una habilitación, una aprobación en la AFIP para que autoricen las operaciones a través de cartas de porte y obleas en las que están inscriptos los productores para vender esos productos. Siempre compramos bajo aprobación de la AFIP", dijo el empresario, que consideró que el procesamiento se produjo "de rebote".
En su explicación, el empresario sostuvo que cumplió con la ley y siempre contó con habilitación de AFIP. "Todas las operaciones deben ser como corresponde, si no, no te dejan exportar", aseguró.
"No tendrían que tener inconvenientes el resto de las empresas. Yo tengo los papeles que certifican que la AFIP me habilitaba a comprar. Estos nos tocó de rebote por un productor que tenía problemas con la AFIP", insistió.
Qué pasa con el frigorífico
La empresa Paladini S.A. aclaró minutos después de conocido el caso que la causa no tiene nada que ver con la tradicional casa de fiambres.
"Informamos que los hechos de público conocimiento relacionados a la actividad privada de Nicolás Paladini no tienen relación alguna con Frigorífico Paladini S.A.", aseguró el directorio.
El comunicado del empresario
Nicolás Paladini difundió un comunicado a través de las redes sociales en el que indicó que todas las operaciones "fueron realizadas conforme a derecho" y que todos los proveedores "estaban inscriptos en el Registro Fiscal".
"Nunca se cuestionaron las compras que se hicieron. Siempre se pagó el IVA de cada operación. Se controlaban los antecedentes de cada proveedor antes de iniciar cualquier operatoria comercial y se informaba a AFIP que se iniciaría la comercialización con dicho proveedor", indicó en el comunicado.
Aclaró que si se detectaba que algunos de los proveedores había sido excluido del Registro Fiscal la empresa "cesaba inmediatamente toda operatoria de compra".
Además cuestionó a la Justicia: "El Tribunal dictó el procesamiento sin producir ninguna prueba para corroborar los hechos, no está firme y está siendo apelado por mi parte, ya que obré siempre de manera lícita y de buena fe", afirmó.
La causa
A partir de una denuncia de la AFIP la Justicia de Rosario procesó al empresario por el delito de aprovechamiento indebido de tributos, lo embargó por un millón de pesos y le inhibió sus bienes.
Las medidas las dispuso el Juzgado Federal 3 de Rosario a cargo del juez Carlos Vera Barros, que procesó al presidente de la compañía Biocom SA después de que la Cámara Federal de Apelaciones revocara la falta de mérito ordenada en primera instancia por el mismo juzgado, informó el organismo recaudador.
El caso se originó a partir de una denuncia del organismo contra la empresa Biocom por haber percibido indebidamente $ 1,8 millones en concepto de reintegros de exportación a través de la presentación de facturas truchas, de supuestas operaciones con proveedores también apócrifos.
En la presentación se indicó que la empresa operaba a través de un conjunto de sociedades y personas físicas que actuaban en el mercado de granos como productores y vendedores de cereal, para que la compañía computara crédito fiscal a su favor en las declaraciones juradas.
La investigación realizada por la AFIP en los últimos años determinó que estas empresas carecían de la capacidad operativa para realizar esas operaciones, de personal registrado en relación de dependencia y de bienes de uso a su nombre.
Además del procesamiento por aprovechamiento indebido de tributos, al empresario le trabaron un embargo de un millón de pesos y la inhibición general de sus bienes. Este delito tiene una pena de dos a seis años de prisión.
