El próximo 4 de junio empieza el juicio contra el empresario K Cristóbal López por no haber pagado $ 8 mil millones a la AFIP en concepto de Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) de parte de la petrolera Oil Combustibles. Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 3, que fijó la fecha del proceso que involucra además al socio de López Fabián De Sousa y al extitular del organismo recaudador durante el kirchnerismo Ricardo Echegaray. Actualizada, la deuda con la AFIP supera los $ 13 mil millones.
La Justicia consideró que López y De Sousa, que están detenidos, usaron los millonarios fondos que no le pagaron al Estado para expandir su conglomerado de compañías. De acuerdo a la investigación, los dueños del Grupo Indalo solo tributaron el impuesto durante siete meses. La resolución indica que se "instrumentó una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la AFIP".
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La investigación, que estuvo a cargo del juez federal Julián Ercolini, determinó que la compañía Oil Combustibles funcionó como una "estructura societaria para el fraude" y que el no pago del impuesto fue "una acumulación ilegítima de la deuda". También determinó que con el otorgamiento "irregular de planes de facilidades de pago" por parte de la AFIP, que dirigía Echegaray, los empresarios se beneficiaron al usar ese dinero para agrandar sus sociedades.
El exfuncionario está acusado de ser el autor del fraude al diseñar y poner en marcha el circuito con el que no se le exigió a Oil el pago del impuesto. Mientras que López y De Sousa están acusados de haber usado los millonarios fondos que debían ir al fisco como "préstamos" para capitalizar el resto de sus empresas. Serán juzgados por "administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública".
Ercolini indicó que durante la instrucción la participación de los acusados "quedó corroborada" y que por eso hay una "necesidad imperiosa" de que se desarrolle el juicio oral y público, que empezará el próximo 4 de junio.
De acuerdo a la investigación, los empresarios se dedicaron de manera sistemática y constante a "llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos" entre 2013 y 2015, fondos que usaron para capitalizar a otras empresas del Grupo Indalo. Mientras que a Echegaray se le imputa la falta de control sobre los hombres de negocios.
