La Justicia le otorgó la prisión domiciliaria a otro represor. El Tribunal Oral Federal 4 le concedió el beneficio a Diego Chemes, que es paciente de riesgo de coronavirus. Está condenado por delitos de lesa humanidad por su actuación en el centro clandestino de detención El Versubio durante la última dictadura militar.
Previo a este fallo ya le habían dado el arresto domiciliario al médico de la ESMA Carlos Capdevilla, que tiene tres condenas por crímenes de lesa humanidad. También es paciente de riesgo, ya que tiene 68 años, cáncer de próstata, hipertensión y problemas motrices.
En el caso de Chemes el juez Daniel Obligado le concedió la domiciliaria con tobillera electrónica para que temporalmente cumpla la pena en su casa de Ezeiza. Será hasta que termine la situación de emergencia nacional por el COVID-19.
Tiene 67 años y fue condenado a 21 años y seis meses de prisión por delitos de lesa humanidad. Fue incluido en el listado de presos en grupos de riesgo porque tiene enfermedad cardíaca crónica.
El magistrado argumentó en su fallo sobre "la emergencia carcelaria y sanitaria imperante, además de los inconvenientes en los centros de detención para la adquisición y provisión de los elementos básicos de limpieza e higiene personal que debe asegurar el Servicio Penitenciario Federal".
Manifestó que esta circunstancia se agrava por la imposibilidad de pedir este tipo de elementos a familiares, dadas las restricciones a la circulación por el aislamiento obligatorio para contener los casos de coronavirus.
El mismo Tribunal volvió a negarle el beneficio a Norberto Cendón, otro represor también condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en El Vesubio. Después de rechazar la presentación realizada el 1° de abril se opuso al nuevo pedido.
Recordó "la gravedad del delito por el cual fue condenado" y que "no está próximo a cumplir la totalidad de la pena impuesta". Por lo que consideró que no debía hacer lugar a la solicitud.
Indicó que la acordada firmada por la Cámara Federal de Casación Penal pidió a los jueces que actúen "con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo" para otorgar beneficios en los casos de delitos graves.