La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, se refirió al decreto que prohíbe por 15 días las reuniones sociales en toda la Argentina y aseguró que el Gobierno tiene descartado dictar el estado de sitio con aval legislativo ya que eso suspendería las garantías constitucionales. Según dijo, eso no está en los planes del presidente Alberto Fernández.
"El Gobierno en ningún momento evaluó el estado de sitio. Está descartado. En marzo, cuando se dictó la primera etapa del aislamiento, se prohibieron las reuniones sociales en todo el país. Eso fue aprobado en el Congreso con voto de la oposición. Es decir que inconstitucional no es", explicó la funcionaria.
Con estos dichos respondió a las críticas de la oposición, principalmente de Elisa Carrió, que había dicho que la medida "era un abuso de poder" y que "violaba las libertades individuales".
Asimismo Ibarra manifestó en declaraciones al podcast Fuera de Tiempo: "El primer decreto decía lo mismo que este. Ahora estamos en una situación peor. Hay más casos de contagios y además hay más muertos".
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"El estado de sitio se puede dictar cuando hay conmoción interior o ataque exterior. En la Argentina no hay ninguna de las dos, con lo cual no hay ningún fundamento para dictarlo", detalló al tiempo que remarcó que si se implementara, se "suspenderían las garantías constitucionales".
"El Presidente no quiere detener a nadie. Quiere que si alguien rompe una norma intervenga un juez o una jueza y que en el proceso estén todas las garantías constitucionales", afirmó. "Este decreto es por 15 días, es proporcional a la situación, y es para el cuidado de la salud pública", completó.
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Además, la secretaria de Legal y Técnica indicó: "Los epidemiólogos nos dicen que uno de los grandes focos de contagios son las reuniones sociales. Cuando nos encontramos con nuestros afectos bajamos la guardia y es comprensible. Y como hay asintomáticos, no podemos saber si alguno está contagiando".
Y amplió: "Eso puede crear un foco de contagios que inmediatamente se vuelve un brote muy importante y de difícil control. Nosotros fuimos votados para cuidar la salud de los argentinos".
Por último la funcionaria enfatizó: "Estamos con un pico alto de contagios y queremos evitar llegar a puntos peores. Se puede ir a un restaurante porque ahí rige un protocolo y las autoridades pueden controlar que se cumpla. En las reuniones sociales no".
Críticas
Una de las cuestionó el decreto del Gobierno que prohíbe las reuniones sociales fue la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que aseguró que se trata de "un abuso de poder que viola derechos y libertades". A su vez opinó que la crisis sanitaria debe enfrentarse "con responsabilidad colectiva e individual, y no con un Estado autoritario y policíaco".
"El Gobierno pretende plantearnos una falsa dicotomía entre vida y muerte, salud y economía, e infundir miedo y angustia en la población. Estamos convencidos que no es la salida", expresó mediante un comunicado la exdiputada.
"Se trata de un acto perverso que esconde una finalidad: que no haya expresiones y/o manifestaciones públicas ciudadanas ante el avasallamiento de la Justicia, la búsqueda de impunidad, el cierre de comercios y Pymes, el aumento de la pobreza y el incremento de la inseguridad, principalmente en la Provincia de Buenos Aires", denunció.
