"No soy amiga ni socia comercial de Lázaro Báez", había declarado Cristina Kirchner el pasado 31 de octubre ante el juez federal Julián Ercolini, en la investigación en la que está acusada de haber direccionado contratos de obra pública a favor del empresario, detenido desde el pasado 5 de abril y procesado por lavado de dinero en la causa de "La Ruta del Dinero K". En esa ocasión, además, la exPresidenta insistió en que se hiciera un peritaje de toda la obra pública nacional y no sólo sobre las otorgadas a Báez, que recibió al menos US$ 2.200 millones de parte de Vialidad Nacional durante el kirchnerismo.
Cristina hizo una presentación oral, no respondió las preguntas del magistrado y pidió la nulidad de lo declarado a través de su abogado Carlos Beraldi. Ahora la Cámara Federal porteña rechazó su presentación y avaló todo lo expuesto por la exPresidenta: en el escrito el letrado había considerado que el llamado a indagatoria era "arbitrario", pero los argumentos presentados no convencieron a los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia.
Los jueces respondieron en su fallo que el llamado a indagatoria, como parte de los actos de investigación y como derecho de la defensa de un imputado, son inapelables. Así, el tribunal de alzada respaldó la validez de la indagatoria ordenada y ya realizada por Ercolini, en el marco de una serie que incluye a otros 16 imputados, quienes ya cumplieron también con este trámite. De esta manera vuelven a tener vigencia los plazos procesales (diez días hábiles) que dispone el juez para resolver la situación procesal, tanto de la exjefa del Estado como de los demás investigados.
La declaración del testigo que complicó a Cristina
A dos voces reveló la declaración de un testigo oculto, que reveló parte de la trama de corrupción que se produjo durante buena parte de la gestión de los Kirchner. Se trata de Martín Leonardo Cergneux, un exempleado jerárquico de Vialidad Nacional de Santa Cruz que explicó cómo Néstor, primero, y Cristina, después, llevaron a carbo un plan sistemático para enriquecerse a costa del Estado y favorecer a Báez.
// Un testigo oculto comprometió a Cristina Kirchner en la causa por irregularidades en la obra pública
"Las empresas del grupo Báez cobraban mucho más rápido que las demás", dijo el testigo. Cergneux detalló los mecanismos que se usaron para que el empresario K siempre resultara elegido en los concursos de selección de obra, explicó cómo se abonaban por adelantado los contratos beneficiando al empresario patagónico y cómo se recalculaban e inflaban precios de obras que nunca se terminaron.
La causa
El caso por monopolio de obra pública de Báez fue denunciado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, que aseguraron que hubo "plan criminal" de la exPresidenta para favorecer a Báez. Cristina fue citada por Ercolini y, como se esperaba, en su presentación ante el magistrado denunció persecución política, no respondió preguntas y pidió la nulidad de la causa. "No soy amiga, ni socia comercial de Báez", dijo Cristina, a pesar de los vínculos comerciales que la unen con el empresario.
Los fiscales ampliaron la denuncia y se centraron en tres puntos fundamentales. En primer lugar, señalaron que el Presupuesto -tanto de los gobiernos de Néstor como de Cristina- se amplió para otorgar a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) mayores partidas de dinero y, en el caso de la provincia de Santa Cruz, este organismo contratara al amigo y socio de Néstor y Cristina.
Pollicita y Mahiques también argumentaron que los fondos que recibían las empresas del Grupo Báez fueron reforzado por decretos de necesidad y urgencia que fijaban reasignaciones presupuestarias. Los fiscales también explicaron que había una suma de dinero extra para las empresas del empresario K, que provenía de un impuesto al gasoil: de cada litro, se destinaban cinco centavos para el fideicomiso destinado a financiar obras públicas.
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Con este desglose los funcionarios judiciales indicaron en su dictamen que durante el kirchnerismo hubo una "decisión en lo más alto del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos a Báez, que paralelamente le garantizaba a los Kirchner ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros".
Pollicita y Mahiques aseguraron que para poder hacer esta maniobra delictiva los Kirchner colocaron a personas de su extrema confianza en cargos clave del Ejecutivo y del Ministerio de Planificación Federal. Entre los exfuncionarios acusados se encuentran el detenido exsecretario de Obras Públicas José López, el exadministrador de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el primo del expresidente, Carlos Santiago Kirchner.
