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    Con la marcha por la ley de Emergencia Social, nació una nueva oposición

    Por Damián Glanz │ Las organizaciones sociales coparon las calles y arrastraron a la CGT y a la CTA. ¿Por qué el Gobierno pasará a tener dos problemas en el Congreso?

    Damián Glanz
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    Damián Glanz

    20 de noviembre 2016, 07:19hs
    Con la marcha por la ley de Emergencia Social, nació una nueva oposición

    Por Damián Glanz

    En medio de la crisis de 2001, la calle unió a piquetes y cacerolas. Los desempleados pedían asistencia. Los otros querían sus depósitos. Mientras que los sectores medios abandonaron rápidamente su reclamo por el “que se vayan todos”, los marginados de la economía avanzaron en su organización y en 15 años llegaron a convertirse en un actor clave de la política nacional. Ellos representan hoy el mayor desafío para el gobierno de Mauricio Macri.

    La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, lograron un frente transversal que nuclea militantes trotskistas, comunistas, peronistas K y anti K, socialistas, independientes inorgánicos y católicos francisquistas. El acto multitudinario que montaron frente al Congreso, que obligó a la CGT a salir a la calle, es apenas una muestra de su poder en crecimiento. Integrados por trabajadores informales, subocupados y desocupados, estas agrupaciones se expanden con la crisis. Son un síntoma de la crisis.

    Integrados por trabajadores informales, subocupados y desocupados, estas agrupaciones se expanden con la crisis. Son un síntoma de la crisis.

    A diferencia de lo que ocurrió en los últimos años, cuando apenas un puñado de dirigentes K de ese sector conseguía ingresar a los despachos oficiales, hoy todos cuentan con respaldo del Ministerio de Desarrollo Social. Con este “sinceramiento” político, Macri contribuyó a fortalecer a su nuevo adversario. La verdadera oposición a la Casa Rosada forma parte del gobierno.

    // Fuertes reclamos al Gobierno por la ley de emergencia social

    “El Movimiento Evita maneja la política de desarrollo social del gobierno. No podés abrir una cooperativa si no pasás por Emilio (Pérsico)”. La definición corre por cuenta de un diputado kirchnerista que ve cómo crece el poder de los exsocios de Cristina Kirchner.

    Las organizaciones sociales fueron incorporadas como herramientas de la gestión. De hecho, son los garantes de que el Estado llegue a los rincones más desprotegidos de la población a través del Relevamiento Nacional de Barrios Populares, la iniciativa que impulsa el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana.

    DEMOSTRACIÓN DE FUERZA. La CGT, la CTA y organizaciones sociales, el viernes, frente al Congreso.
    DEMOSTRACIÓN DE FUERZA. La CGT, la CTA y organizaciones sociales, el viernes, frente al Congreso.

    Tienen diálogo directo con ministros y funcionarios de primera línea del Gobierno nacional. Y en lo que va del año consiguieron una fuerte inyección de fondos a través del Programa de Ingreso Social con Trabajo. Pero son el principal foco de conflicto para el macrismo.

    El plan de Ingreso Social, más conocido como “Argentina Trabaja”, es el eje del proyecto de ley de Emergencia Social que cuenta con media sanción del Senado y que motivó la marcha junto a la CGT.

    La iniciativa propone crear un millón de “puestos de trabajo”. En realidad pretende extender el alcance del plan de capacitación y empleo que lanzó el kirchnerismo en 2009. Hoy llega a un universo de 185 mil beneficiarios que cobran 3.450 pesos por mes por formarse y realizar tareas comunitarias como obras de saneamiento e infraestructura urbana o la construcción de jardines de infantes y viviendas. Este año el Estado invertirá 10 mil millones de pesos en ese plan y lo llevará a 15 mil millones para 2017.

    El proyecto de ley impulsa no sólo la expansión del universo de beneficiarios, sino la creación de un Consejo de la Economía Popular, donde funcionarios y representantes de las tres organizaciones acuerden un índice de la “canasta popular” que regirá como referencia para establecer el monto mensual a cobrar.

    Como referencia, el valor de la canasta básica que mide la organización Barrios de Pie fue en octubre de 4688,62 pesos, 1.238 pesos menos que el beneficio que reciben por mes los inscriptos en el Programa de Ingreso Social con Trabajo. El aguinaldo de emergencia que reclaman busca cubrir, como mínimo, esa brecha.

    PROTAGONISMO. Los movimientos sociales, como la CCC, coparon las calles para reclamar la ley de emergencia social.
    PROTAGONISMO. Los movimientos sociales, como la CCC, coparon las calles para reclamar la ley de emergencia social.

    Hasta los propios senadores que aún reportan a Cristina Kirchner, y que apoyaron la aprobación del proyecto, cuestionaron que la iniciativa busca crear algo que ya existe. De eso se quejó hasta la cuñada de Máximo Kirchner, la senadora Virginia García. Ese argumento le dio letra al gobierno para cuestionar la Emergencia Social. “Es una ley poco clara, incompleta y, a mi juicio, no tan seria”, se escudó el ministro Rogelio Frigerio.

    // Según Frigerio, Macri sabe que "hay emergencia social en la Argentina"

    Otro punto débil: el proyecto no contempla una fuente de financiamiento. Pero desde la Cámara de Diputados, los representantes que los movimientos sociales cuentan en el recinto, como Leonardo Grosso del Movimiento Evita, trabajan para consensuar una ley complementaria que imponga un tributo a las máquinas tragamonedas, a los giros de las utilizadas de las compañías al exterior y a los plazos fijos en moneda extranjera superiores al millón de dólares.

    El gobierno dejará de tener un problema parlamentario. Pasará a tener dos. La oposición de la Cámara baja cerrará filas en torno a ambas iniciativas. A la bancada de Cambiemos solo la puede salvar el calendario. Los diputados tienen sólo 7 días hábiles por delante para obtener dictamen de comisión y llevar los proyectos al recinto. Si no lo hacen antes del 30 de noviembre, la agenda de las organizaciones deberá esperar a marzo.

    El gobierno dejará de tener un problema parlamentario. Pasará a tener dos. La oposición de la Cámara baja cerrará filas en torno a ambas iniciativas.

    Los gobernadores y los intendentes, incluso los peronistas, tampoco ven con entusiasmo el proyecto porque saben que los recursos que se destinarían al programa ayudarían a fortalecer enemigos internos u opositores en sus territorios. No van a hacer nada para acelerar el tratamiento.

    La eventual victoria parcial oficialista de esta batalla parlamentaria correrá por un carril distinto al de la calle. Las martingalas legislativas no resuelven la urgencia alimentaria ni la emergencia laboral.

    La manifestación del viernes fue una advertencia. Van a seguir movilizados. Además, el líder de la CTEP Juan Grabois ya le hizo saber al Presidente que algunos sectores que disputan poder territorial, como los narcos o algunos factores corruptos de la Policía, podrían agitar desmanes para fin de año aprovechándose de la desesperación de las familias vulnerables.

    En la calle, en el Congreso, con la CGT e incluso dentro del Gobierno, las organizaciones de trabajadores informales consiguieron en el primer año de gestión de Macri un poder impensado antes del 10 de diciembre. Frente a un peronismo atomizado, se convirtieron en la principal fuerza opositora. Una oposición muy difícil de neutralizar: tiene múltiples liderazgos que incluso el próximo año disputarán poder en frentes diversos. En esa dispersión está su fortaleza y el mayor desafío para Macri.

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