La semana pasada, Omar "Caballo" Suárez obtuvo la prisión domiciliaria. Frente a la decisión del juez José Luis Rodríguez, el fiscal Gerardo Pollicita se opuso y apeló la medida. Ahora la Cámara tendrá la última palabra. Pero hasta que esa determinación ocurra, hay diferentes medidas de seguridad que se ordenaron para evitar cualquier "ventaja" que pueda sacar el sindicalista.
De acuerdo a TN Central, el fiscal Pollicita ordenó que quede taxativamente establecido que la prisión domiciliaria debe ser cumplida por Suárez en el domicilio que tiene su hija en la localidad de Olivos. Esto es porque el juez que firmó la resolución beneficiosa para el gremialista daba un radio de 100 kilómetros a la redonda por el que se podía mover durante un plazo no mayor a las 24 horas, debido a sus problemas de salud.
El funcionario judicial exigió que se refuerce la seguridad de la mansión, que se extremen los controles en los puntos de ingreso y egreso a la vivienda y que haya agentes de la Prefectura para controlar los movimientos de Suárez.
También hizo un pedido muy preciso: que se controlen los nombres, apellidos, números de documento y el tiempo de visita de las personas que vayan a ver a Suárez a la casa. No solo los que entren para verlo a él sino a cualquier otro que ingrese a esa vivienda. Según el escrito del fiscal, la atención que recibía en el penal donde estaba preso era la que se necesitaba. Para Pollicita fue Suárez quien se negó a atenderse en forma habitual cada vez que tenía un problema.
Pollicita fue directo con la situación de salud que padecería Suárez. De acuerdo al escrito de los abogados del sindicalista, el "Caballo" tendría un problema severo de alcoholismo que lo lleva a tomar 5 litros de bebidas alcohólicas por día. Por esto, el fiscal prohibió que al domicilio entren bebidas alcohólicas.
El exlíder del gremio de los marítimos (SOMU) estuvo detenido 15 meses, procesado como jefe de una asociación ilícita que estuvo detrás de maniobras con buques, escudado desde el gremio, para dificultar y obstruir el normal desenvolvimiento del tráfico marítimo y fluvial, provocando alteraciones, demoras, gastos y otros perjuicios a empresas navieras.