El empresario del Grupo Techint, Paolo Rocca, y Marcelo Mindlin, hombre fuerte del sector energético que compró la firma Iecsa, se deberán presentar a declarar ante el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas. La cita es para el 16 y 17 de octubre.
// Uno a uno, los 42 procesados por los cuadernos de las coimas
La semana pasada el magistrado procesó al director corporativo de Techint Luis Betnaza, que declaró como arrepentido en la causa. Por otro lado dictó la falta de mérito para Héctor Zabaleta, el encargado de hacer los pagos de la compañía a Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo.
En su declaración, Betnaza admitió que le ordenó a Zabaleta la entrega de dinero a exfuncionarios para que intercedieran ante el Gobierno de Venezuela por la expropiación de la empresa SIDOR.
En el caso del empresario Mindlin, Bonadio resolvió citarlo a declarar porque en las anotaciones del chofer Oscar Centeno aparece la dirección de las oficinas de su empresa. Según trascendió, el llamado a indagatoria se da después de que la Justicia evaluó nuevas medidas de prueba y documentación que se incorporó al expediente.
Marcelo Mindlin le compró al primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, la constructora Iecsa. Tanto él como Rocca están imputados como partícipes de la asociación ilícita en la que Cristina Kirchner está señalada como jefa y Julio De Vido y Roberto Baratta como organizadores de una banda que se dedicó a recaudar fondos ilegales mediante el cobro de soborno de empresas.
Calcaterra también está procesado en la causa y se acogió a la figura del arrepentido.
También por esta causa el miércoles y jueves los líderes de La Cámpora Eduardo "Wado" De Pedro, José Ottavis y Andrés "Cuervo" Larroque se presentarán ante la Justicia. Se trata de una segunda tanda de indagatorias convocada por el juez, que incluye también para el viernes al empresario Sergio Szpolski.
Los referentes de La Cámpora fueron convocados como imputados a raíz de documentación que da cuenta de que algunos bolsos con dinero que registró el chofer Oscar Centeno tenían como destino la financiación de la campaña electoral del kirchnerismo en 2015. Esa información fue corroborada por empresarios que se presentaron como imputados colaboradores en el causa, como Calcaterra. Además se secuestró documentación en la vivienda de Martín Larraburu, secretario del entonces jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.
Hasta el momento el juez Bonadio procesó a 42 personas, entre ellas a la expresidenta Cristina Kirchner como "jefa" de una asociación ilícita que montó un sistema de recaudación ilegal entre 2003 y 2015. Además impuso la prisión preventiva de 15 personas, varios de ellos ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal.
Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli apeló ese fallo ante la Cámara Federal ya que pretende que Cristina Kirchner sea procesada por un total de 913 hechos de dádivas y no por 22, como lo hizo Bonadio.
