El periodista Daniel Santoro fue procesado sin prisión preventiva por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. El magistrado, a cargo de la causa que investiga una supuesta red de espionaje ilegal encabezada por el falso abogado Marcelo D'Alessio, lo acusa por los delitos de "coacción y extorsión en grado de tentativa” y se le trabó un embargo hasta cubrir la suma de $3 millones.
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En esta misma resolución, el magistrado le dictó la falta de mérito en relación a la acusación que pesaba sobre Santoro de integrar una asociación ilícita liderada por D'Alessio, aunque entendió que fue "partícipe necesario" de los delitos cometidos en perjuicio de dos directivos.
"En efecto se encuentra acreditada la coacción de la que fue víctima el exdirectivo de PDVSA, Gonzalo Brusa Dovat, y la extorsión que sufrió el empresario y titular de OPS, Mario Cifuentes, y que para llevar adelante dichas acciones se requirió la participación de Daniel Santoro", señaló el magistrado en su resolución.
Y continuó: "Existen sobrados elementos de prueba acerca de la existencia y funcionamiento de la asociación ilícita investigada, e incluso se encuentra acreditado que esta asociación se sirvió de la prensa y en particular de la actividad que podría llevar adelante Santoro para realizar sus planes delictivos".
En otras palabras, Ramos Padilla entendió que Santoro estaba al tanto de las tentativas de extorsión que llevaba adelanta el falso abogado Marcelo D'Alessio. Por este motivo, el periodista "no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los 10 días sin previo aviso al tribunal". En su resolución, Ramos Padilla complicó aún más a D'Alessio al ampliarle su procesamiento y le mantuvo el embargo por $10 millones.
Santoro había declarado el pasado 17 de julio ante Ramos Padilla en la causa en la que también está involucrado el fiscal Carlos Stornelli. Estuvo casi cinco horas ante el juez y negó su participación en la banda del falso abogado. "Usó mi nombre sin mi conocimiento y sin mi autorización para extorsionar", afirmó.
El expediente en el que está involucrado Santoro está envuelto en sospechas. La diputada Elisa Carrió acusó al juez Ramos Padilla de ser parcial y lo vinculó con Justicia Legítima, la organización judicial kirchnerista. A su vez, el programa Periodismo Para Todos (PPT), que conduce Jorge Lanata, reveló una serie de escuchas telefónicas, dadas a conocer como "Operativo Puf", en las que los exfuncionarios y dirigentes K, Roberto Baratta, Claudio Minnicelli, Juan Pablo Schiavi y Eduardo Valdés, parecían saber de la denuncia que en pocos días formularía el empresario Pedro Etchebest y que daría inicio al expediente en cuestión.
Este supuesto operativo tendría como objetivo desacreditar la causa de los cuadernos de las coimas, en la que se investiga una red de dádivas ilegales a exfuncionarios K. "Por más de que me quieran vincular con un sector u otro, yo me tengo que atener a las pruebas. Puedo tener mi ideología, pero a largo de mi carrera me ha tocado investigar más a personas de las que dicen que puedo tener alguna vinculación", respondió Ramos Padilla cuando se le consultó.
En el marco del ida y vuelta judicial, el juez Ramos Padilla declaró en "rebeldía" a Stornelli por faltar a cuatro citaciones a declaración indagatoria. De la vereda de enfrente, la defensa del fiscal asegura que los hechos de presunto espionaje como el pago del empresario agropecuario Pedro Etchebest se llevaron a cabo en Capital Federal, por lo que es competencia de los tribunales de Comodoro Py.
