Los diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez denunciaron ante la justicia federal contra el exministro de Economía kirchnerista, Axel Kicillof, y el ex titular del ANSES, Diego Bossio, entre otros ex funcionarios kirchneristas, por supuesta administración fraudulenta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES.
La denuncia, que también firma la ex legisladora de la CC, Fernanda Reyes, se refiere al período 2010 y 2015 y abarca también a los ex ministros del Palacio de Hacienda, Hernán Lorenzino y Roberto Feletti, y los ex funcionarios Santiago López Alfaro, Adrián Cosentino, Juan Carlos Pessoa, Pablo Julio López, Emmanuel Antonio Álvarez Agis, integrantes del Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad perteneciente al ANSES.
Los denunciantes piden a la justicia que se investigue por "defraudación" en la administración del Fondo de acuerdo al artículo 173, inciso 7 del Código Penal. La denuncia recayó en el juzgado federal número 2 a cargo del juez Sebastián Ramos y la fiscal a cargo es Paloma Ochoa.
El escrito presentado por los dirigentes de la Coalición Cívica-ARI sostiene que "si bien durante toda la gestión existieron depósitos a la vista en diversos bancos, principalmente en entidades públicas" se observa que "en el segundo cuatrimestre de 2015" hubo "un inédito crecimiento en los depósitos en cuentas a la vista en el Banco Macro".
Indica que la "preferencia arbitraria hacia esta entidad adquiere un evidente carácter delictivo que llega a su punto máximo en noviembre de ese año cuando en la asignación de los depósitos a la vista del FGS, el Banco Macro superó incluso al Banco Nación con una participación del 34% en el total de las disponibilidades del FGS en cuenta corriente". "Esta arbitrariedad ya había sido observada en el manejo de los plazos fijos respecto a años anteriores, algo cuestionable en términos políticos y administrativos", agrega la denuncia.
Carrió, Sánchez y Reyes estiman que la maniobra "implica que se ha generado un costo de oportunidad al FGS en el segundo semestre del 2015 de aproximadamente 280 millones de pesos si se toma en cuenta la tasa de referencia de instrumentos de corto plazo en los cuales estas disponibilidades podrían haber sido invertidas".
A su vez, estiman que "que se perdieron alrededor de 1.000 millones de dólares entre 2010-2015 tomando en cuenta todas las disponibilidades en diversas cuentas a la vista".
Los denunciantes precisan que la cuenta corriente del Banco Macro "mantuvo entre enero de 2012 hasta el primer semestre del 2015 un saldo promedio de 780 millones de pesos sin grandes alteraciones" pero "a partir del segundo semestre se triplicó este promedio con un pico máximo en noviembre del 2015 casi cinco veces superior al de años anteriores" cuando llegó a 3.764 millones de pesos.
Los dirigentes de la CC-ARI estiman que producto de ese manejo el Banco Macro "se vio favorecido en su operación habitual por el mismo monto en que se vio perjudicado el FGS y en consecuencias los jubilados, por lo que es importante que se investigue la connivencia entre las autoridades del Banco y los funcionarios públicos".
Para refrendar sus sospechas de fraude, Carrió, Sánchez y Reyes advierten que "si algo acaso faltase para confirmar la maniobra delictiva que aquí venimos a denunciar es que con el cambio de gestión los niveles de disponibilidad se redujeron sin perder liquidez desde el año 2016".
