En una semana cargada de indagatorias en la causa por la supuesta existencia de un plan para beneficiar a Lázaro Báez con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, ya pasaron por Comodoro Py Cristina Kirchner y el exministro K de Planificación Julio de Vido.
La exmandataria negó que fuera "socia o amiga" del titular de Austral Construcciones, denunció persecución política, no respondió preguntas y pidió la nulidad de la causa. En sintonía, el exfuncionario K presentó un escrito y dijo que se busca "criminalizar" a Cristina y que se la quiere "proscribir" para las próximas elecciones.
Hoy fue el turno del eslabón clave de la causa: Báez se presentó ante el juez federal Julián Ercolini para la indagatoria, tras el frustrado intento de su abogado Maximiliano Rusconi de lograr la nulidad de la citación, que fue desestimada por el magistrado y que motivó una discusión de su defensa con la fiscalía.
El empresario se limitó a presentar un escrito y no contestó preguntas y se presentó en otro juzgado, el de Daniel Rafecas, para denunciar que se sintió intimidado por Sebastián Casanello, el magistrado que lo investiga junto a la expresidenta Cristina Kirchner, entre otros, en la causa de "La Ruta del Dinero K".
El titular de Austral Construcciones está en prisión desde el 5 de abril, detenido en la causa de "La Ruta del Dinero K", y procesado por lavado de dinero. Báez está alojado en el penal de Ezeiza, desde donde será trasladado a Comodoro Py, para presentarse a las 10 en el despacho de Ercolini.
La indagatoria a Báez se produjo un día después de que el abogado de sus hijos, Santiago Viola, contradijera a Cristina, que había declarado que no tenía relación con el detenido empresario K. Viola aseguró que en el expediente "hay constancia de negocios en común" entre la exmandataria y el titular de Austral Construcciones.
Viola indicó que los hijos del empresario, Leandro, Luciana y Melina, "están convencidos que cualquier aporte que el padre pueda hacer en el expediente le serviría para tener una mejor situación procesal y para estar más cerca de ellos y de su familia", pero aclaró que "ya no insisten" para que se presente como arrepentido.
Por la misma causa mañana deberá declarar el exsecretario de Planificación José López, también detenido en Ezeiza y procesado por enriquecimiento ilícito tras ser arrestado en el convento de General Rodríguez, donde trató de esconder bolsos con casi 9 millones de dólares. Un día después será el turno del exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
LA CAUSA
En la ampliación de la acusación de la denuncia, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques se centraron en tres puntos. En primer lugar indicaron que el Presupuesto -tanto de los gobiernos de Néstor como de Cristina- se amplió para otorgar a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) mayores partidas de dinero y, en el caso de Santa Cruz, para que este organismo contratara al amigo y socio de los exmandatarios.
Los fiscales también acusaron que los fondos que recibían las empresas del Grupo Báez fueron reforzados por decretos de necesidad y urgencia que fijaban reasignaciones presupuestarias. Los fiscales explicaron que había una suma de dinero extra para las empresas de Báez que provenía de un impuesto al gasoil: de cada litro se destinaban cinco centavos para el fideicomiso destinado a financiar obras públicas.
A partir de estos fundamentos, los fiscales consideraron que durante el kirchnerismo hubo una "decisión en lo más alto del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos a Báez, que paralelamente le garantizaba a los Kirchner ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros".
Pollicita y Mahiques aseguraron que para poder hacer esta maniobra delictiva los Kirchner colocaron a personas de su extrema confianza en cargos clave del Ejecutivo y del Ministerio de Planificación Federal. Entre los funcionarios acusados se encuentra el primo del expresidente, Carlos Santiago Kirchner.
