Martín Báez está procesado en dos causas por presunto lavado de dinero vinculadas a las constructoras de su padre, el detenido empresario K Lázaro Báez. Una de esas causas es por "La ruta del dinero K", que instruye el juez federal Sebastián Casanello. El mayor de los cuatro hijos de Báez, aunque fue procesado sin prisión preventiva, tuvo que fijar domicilio en un departamento de Belgrano y todas las semanas debe comparecer en el juzgado de Casanello.
El hijo del detenido empresario había pedido en la justicia viajar a Río Gallegos en enero próximo y el juez accedió a su solicitud, luego de recibir el dictamen favorable del fiscal federal Guillermo Marijuan, que también investiga esa causa. Más allá de que la Justicia hizo lugar a su pedido, el mayor de los hijos de Báez deberá presentarse periódicamente en el juzgado federal de la capital santacruceña hasta su vuelta a Buenos Aires.
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En uno de los allanamientos que encabezó en Santa Cruz, Marijuan encontró hace un mes más propiedades de la familia en la provincia patagónica, esta vez, un inmueble de uno de los directores de Austral Construcciones, que fuera la empresa insignia de Báez pero que presentó el concurso de acreedores.
El úlimo descubrimiento del equipo del fiscal y del personal especializado de la de la Policía Federal fue una nueva estancia de 15.500 hectáreas entre la frontera con Chile y el límite más austral de la provincia K. El campo se llama "La verdadera Argentina", está identificado en el registro catastral con los lotes 158 y 159 y figura a nombre de Martín Báez. Esta propiedad no estaba declarada y pasará a forma parte de los inmuebles que Casanello ordenó tasar.
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El hijo mayor de los Báez también está procesado en la causa de lavado vinculada a la financiera SGI conocida como "La Rosadita", y es investigado por una multimillonaria operación con bonos de la deuda soberana argentina para reingresar fondos al país.
En las imágenes que Telenoche difundió el 5 de abril se ve cómo Martín Báez y Fabián Rossi, entre otros, contaban fajos de dólares, euros y pesos en 2012, en pleno cepo cambiario durante el kirchnerismo. El procesado rechazó la validez de los materiales pero ni la Cámara Federal porteña ni la Cámara de Casación Penal le dieron la razón.
