La Justicia le rechazó la liberación al empresario Alberto Samid, que seguirá detenido con prisión preventiva en el penal federal de Ezeiza. El Tribunal Oral Penal Económico 1 se pronunció en línea con la medida dispuesta por el fiscal del juicio por asociación ilícita y evasión, Gabriel Pérez Barberá, a pocos días de que se conozca el veredicto. De esta manera el "Rey de la carne" seguirá preso en un penal federal luego de ser arrestado el sábado pasado en Belice, donde estaba prófugo de la Justicia.
El empresario, dueño de una cadena de carnicerías y frigoríficos, no se había presentado a una audiencia que iba desarrollarse el miércoles de la semana pasada para escuchar el veredicto del tribunal. Fue en este contexto que, el 24 de marzo, salió clandestinamemnte del país.
Fue por eso que el tribunal integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y José Michilin ordenó su detención y emitió un pedido a Interpol. Finalmente fue detenido el sábado pasado en Belice, que luego lo expulsó por un delito migratorio. Es que el empresario mintió al declarar que llegaba en calidad de turista cuando, en realidad, huía de la Justicia.
El miércoles fue trasladado a los tribunales de Comodoro Py desde la Superintendencia de Drogas Peligrosas, donde había pasado la noche tras su llegada a la Argentina. Al inicio de la audiencia y con el empresario sentado en primera fila, su abogado Vicente D'Attoli pidió la excarcelación, que finalmente fue denegada.
Luego de escuchar a su defensor, el empresario, pidió hablar para explicar a los jueces los motivos por los que huyó clandestinamente a Belice y faltó a dos audiencias a las que se lo había convocado.
"Entré en una situación de pánico, me tomé unos días de vacaciones", dijo el empresario, que hizo referencias a cuestiones políticas y a una "persecución de la AFIP" como los motivos de la causa en su contra. Además pidió perdón. "Me equivoqué", dijo en la sala de audiencias en el subsuelo de los tribunales federales de Comodoro Py.
El juicio seguirá el próximo miércoles con las dúplicas a los alegatos en los que la fiscalía pidió una pena de seis años y medio de cárcel para el empresario por constituir una asociación ilícita que habría evadido $ 88 millones en impuestos en sus frigoríficos.
