La Corte Suprema de Justicia ordenó que se cumpla la orden que dispuso la relocalización de asentamientos ubicados en la cuenca Matanza Riachuelo, que había sido dictada por el Juzgado Federal de Quilmes el pasado 6 de abril. Para llevar a cabo el objetivo Nación y Ciudad llegaron a un acuerdo para concretar el desalojo de los edificios ocupados en el Bajo Flores.
El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y su par a nivel nacional, Nilda Garré, llegaron a un acuerdo por el que en primer lugar intentarán convencer a los ocupantes para que pasen a centros de alojamiento transitorio. En caso de que hubiera una negativa, intervendría la Policía Metropolitana. El procedimiento lo llevaría a cabo la fuerza de la Ciudad, pero el Gobierno nacional debería poner a disposición a la Federal o Gendarmería para que realicen un cerco que impida nuevas ocupaciones y "evite agresiones a los mediadores". El cerco se prolongará hasta que las casas sean entregadas a los habitantes de la cuenca del Riachuelo. También participarían del desalojo ambulancias del SAME y de organismos sociales porteños.
"Se fijará un plazo de horas a fin de que los ocupantes manifiesten su voluntad de desalojar el lugar y si hay negativa se los trasladará obligatoriamente", indica el acta firmada en el despacho del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
Antes del procedimiento, unos 200 ocupantes del barrio, ubicado en Castañares y Riestra, serán censados y garantizado su alojamiento, atención sanitaria y alimentación por parte de la Ciudad de Buenos Aires. Las fuerzas de seguridad actuarán desarmadas.
El procedimiento acordado establece que durante el operativo "se hará un acta constatando el desarme de la Policía metropolitana que acompañe a los mediadores y se procederá a la filmación de su acto".
Los edificios construidos en Bajo Flores estaban destinados a los vecinos que viven en la cuenca del Riachuelo, en las villas "El Pueblito" y "Luján", pero antes de que fueran entregados para su uso fueron ocupados por otras familias.
