En la Cámara de Senadores se realizó la segunda ronda de consultas con especialistas sobre el proyecto de legalización del aborto, de la que participaron juristas como Ricardo Gil Lavedra, Gregorio Badeni y Aída Kemelmajer. Las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales se reunieron para escuchar y hacer preguntas a los expositores invitados con la fecha del 1 de agosto como límite para firmar o no el dictamen que luego llegará al recinto.
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La jornada empezó con un cruce entre la ginecóloga representante del Consejo Superior del Colegio de Médicos de Buenos Aires, Ángeles Carmona, y el presidente del interbloque Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto. La médica dijo que la objeción de conciencia “es un bien constitucional no negociable” y afirmó que la lista de los profesionales que no practicarán abortos no tiene que ser pública porque “generaría discriminación en varios aspectos”.
Carmona aseguró que en las guardias generalmente no hay ginecólogos y advirtió que "no podrían dar respuesta respuesta a esta ley con la cantidad de médicos que actualmente trabajan en los hospitales". "El no permitir al médico ejercer la objeción de conciencia cuando fuera el único disponible merece párrafo aparte, porque no es una enfermedad la que hay que tratar, es una mujer sana", sostuvo. Y agregó: "No podemos trabajar bajo amenaza de cárcel".
Por su parte, Pichetto le respondió que “la ley se queda corta” sobre la objeción de conciencia y cuestionó la medida. "No debería haber ningún tipo de objeción de conciencia. Si usted trabaja en el sector público está obligada a cumplir la ley”, lanzó. El senador consideró que “hay una dramatización” de la posibilidad para los médicos de no interrumpir embarazos contemplada en el proyecto y concluyó: "Con este argumento, muchas veces dejan en indefensión a chicas víctimas de violación. El Estado debe tener una mirada más amplia y humana”.
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Por su parte, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez remarcó que el proyecto con media sanción en Diputados "establece un sistema de registro confiencial en el que el profesional no tiene que expresar las razones por las que es objetor". Según el abogado, la iniciativa no viola la Convención Americana de Derechos Humanos ya que "de los 23 Estados que la ratificaron, 17 tienen sistemas de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo".
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Liliana Tojo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), coincidió con Gil Domínguez y manifestó que "la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino gradual de acuerdo a su desarrollo", según lo que expresa la Convención Americana de los Derechos Humanos.
"La decisión de ser padre o madre o no, es para el derecho internacional parte del derecho a la vida privada y se relaciona con la autonomía de la vida reproductiva", agregó la especialista.
En uno de los momentos más tensos del debate el director del Centro de Bioética de la UCA, Nicolás Laferriere, sugirió que en el proyecto de aborto se agregó un artículo para "eliminar chicos con discapacidades". Las senadoras Nancy González y Laura Rodríguez Machado le cuestionaron que la iniciativa no diferencia los estudios diagnósticos morfológicos de los genéticos en el Programa Médico Obligatorio; algo que el abogado finalmente admitió.
“Donde el aborto libre se legaliza se produce una expansión de los estudios prenatales. El diagnóstico puede ser un falso positivo o un falso negativo: un falso positivo lleva a abortar a una persona que no tiene discapacidad, un falso negativo llevaría a que nazca la persona con discapacidad. Se estudia incluso desde el costo y beneficio con tamizajes para determinar cuál es la estrategia más eficaz, revela una mentalidad que quiere evitar que nazca un chico con discapacidad”, dijo el abogado.
Por su parte, González le pidió que especifique el artículo que se agregó “para eliminar chicos con discapacidades”. Y el especialista en bioética citó que el artículo 16 del proyecto contempla “las prestaciones del aborto en el Programa Médico Obligatorio (PMO) así como también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapia de apoyo”. “Actualmente los diagnósticos genéticos no están incluidos en el PMO, porque conozco la experiencia internacional me permito decir que detrás de esto aparece la intención de sistematizar estudios”, agregó.
La dirigente kirchnerista le reprochó que “el artículo no dice que es para eliminar chicos con discapacidades” y se quejó: “Eso es una apreciación suya, que quede claro esto porque sino es muy grave lo que dice”.
A su turno, el exdiputado Ricardo Gil Lavedra defendió la iniciativa y dijo que el proyecto de aborto legal “no obliga ni promueve” la práctica. Además, remarcó la importancia de prevenir la interrupción voluntaria de embarazos no deseados y manifestó que “obligar a una mujer a seguir con un embarazo contra su voluntad no es la manera de hacerlo”.
Por su parte, el constitucionalista Gregorio Badeni pidió que los senadores “velen por el Estado de Derecho” porque -indicó- “una sociedad en la que no se respeta la ley no tiene seguridad”. El constitucionalista remarcó que la iniciativa con media sanción en Diputados “viola la Consitución” y concluyó: “Nos guste o nos disguste, en nuestro ordenamiento jurídico la vida empieza en la concepción. A partir de ese momento existe un niño, no un embrión”.
Se espera que, si se firma el dictamen de comisión, el pliego que cuenta con media sanción en Diputados se vote en el recinto el 8 de agosto. El proyecto de aborto legal fue aprobado en la Cámara baja con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención.
La iniciativa legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, bajo el solo requerimiento de la mujer. También dispone que la práctica sea gratuita y de prestación obligatoria en todos los centros de salud públicos y privados del país. Por otro lado, habilita a partir de la semana 15 el aborto en casos de violación, imposibilidad de la vida extrauterina o riesgo de salud para la mujer.
