El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 evalúa la posibilidad de tomarle declaración testimonial anticipada al exsecretario general de Interpol, Ronald Noble, en la causa en la que se investiga si se cometieron delitos alrededor de la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán en el marco de la investigación del atentado a la AMIA.
El testimonio anticipado fue solicitado en diciembre por la defensa del exsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia Carlos Zannini, por considerarlo "fundamental en diversas cuestiones trascendentales", a 5 años de la denuncia con la que el fallecido fiscal federal Alberto Nisman aseguró que el gobierno de Cristina Kirchner buscó dar impunidad a los ciudadano iraníes acusados por el ataque terrorista ocurrido en 1994.
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Mientras analizan otras medidas de prueba, los jueces del TOF 8 evalúan si hacen lugar al planteo y, en tal caso, de qué manera proceder: una opción sería concretar la declaración por teleconferencia y la otra, que uno o más magistrados se trasladen a su país de residencia del o los testigos para escuchar su testimonio, antes de que se lleve a cabo el juicio oral y público que aún no tiene fecha de inicio.
El abogado de Zannini, Mariano Fragueiro Frías, también había solicitado que se le tomara declaración testimonial anticipada al ex consejero general de Interpol Joel Sollier, otra de las medidas que no se realizó durante la instrucción de la causa y que se encuentra bajo evaluación del tribunal oral: Noble reside en Dubai y Sollier en Francia.
Las idas y vueltas de la denuncia de Nisman
Nisman había asegurado que detrás de la firma del memorándum de entendimiento celebrado entre Argentina e Irán se escondía la intención de que cayeran las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre los ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA a cambio de que se reflotaran las relaciones comerciales entre ambos países.
Esa afirmación fue rechazada a través de entrevistas -la primera se la dio a Página/12- y mensajes en la red social Twitter por el propio ex secretario general de Interpol, quien siempre sostuvo que los dichos de Nisman eran "falsos" y que "ningún integrante del gobierno argentino" trató nunca de que se bajaran las alertas contra los funcionarios iraníes.
El fiscal había denunciado a la ex presidenta, a Zannini, al fallecido ex canciller Héctor Timerman, al supuesto espía Allan Bogado, al representante de la comunidad islámica Argentina Yusuff Khalil y al dirigente político Luis D´Elía, entre otros.
Nisman había presentado su denuncia el 14 de enero de 2015, en plena feria judicial, ante el juzgado de Ariel Lijo, porque allí se encontraba radicada la primera investigación por encubrimiento del atentado a la AMIA; pero la denuncia finalmente fue a sorteo y cayó en manos del juez Daniel Rafecas que más tarde la desestimó por entender que no había delitos en los hechos denunciados.
El fallo de Rafecas fue confirmado por la Cámara Federal porteña pero tiempo después, y a instancias de una presentación de la DAIA, la denuncia fue reabierta por la Cámara Federal de Casación Penal, que además separó a Rafecas de la investigación.
La causa pasó a manos del juez Claudio Bonadio que había empezado a trabajar en paralelo en una denuncia por supuesta traición a la patria contra la ex presidenta por la firma del mismos memorándum: la supuesta comisión de ese delito fue después revocada por la Cámara Federal porteña.
En marzo de 2018, y sin tomarle declaración a Noble, Bonadio elevó a juicio oral la denuncia contra la ex presidenta, su ex canciller y otros por supuesto para que sean juzgados por supuesto "encubrimiento agravado, abuso de autoridad y estorbo de un acto funcional", por el supuesto intento de encubrimiento en el marco de la investigación de la causa AMIA.
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Si bien el juicio aún no tiene fecha de inicio -entre otras cuestiones porque el tribunal lleva casi un año esperando que la Corte Suprema responda una solicitud de recursos-, el TOF 8 aceptó en su momento tomarle declaración indagatoria anticipada al ex canciller Héctor Timerman, porque padecía un cáncer que le costó la vida.
"La presidenta jamás me dio una orden que sea contraria a la ley y yo jamás la hubiera cumplido. Pero no la recibí. Ella quería que este caso se resuelva y resolverlo bajo su presidencia", sostuvo Timerman entonces.
El TOF 8 está integrado para este juicio por los jueces Gabriela López Iñigez, José Michilini y Daniel Obligado. Ese tribunal reclamó a la Corte en febrero de 2019 poder contar con un equipo exclusivo compuesto por 3 secretarios de cámara, 2 prosecretarios, 2 oficiales y 3 escribientes auxiliares, para poder avanzar en el trámite del juicio.
