El Gobierno recibió con incomodidad las definiciones del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sobre la situación social del país y busca evitar una escalada de tensión con la Iglesia antes de la visita de León XIV. La principal preocupación dentro de la Casa Rosada pasa por la coincidencia del viaje papal con la discusión parlamentaria sobre Discapacidad y, en particular, por la recorrida prevista por el Cottolengo Don Orione de Claypole.
García Cuerva aseguró hoy que el Papa encontrará “una Argentina herida”, “dividida” y con “un porcentaje muy grande” de personas que atraviesan dificultades económicas. También habló de descalificación e intolerancia y sostuvo que el país arrastra una crisis desde hace años. Las declaraciones no cayeron bien en sectores del Ejecutivo, aunque no existe una interpretación unificada sobre sus consecuencias.
Una parte del Gobierno considera que ese diagnóstico puede anticipar nuevas tensiones durante la visita papal. En ese grupo existe especial preocupación por la actividad en el Cottolengo, una institución vinculada directamente con la atención de personas con discapacidad. “Lo del Cottolengo va a salir mal. Se podría haber hecho más desde la organización”, sostienen.
Otros integrantes de la administración libertaria buscan bajar esa lectura. “No creemos que vaya a haber problemas. El Papa no es un mal invitado. Puede generar ruido, pero no esperamos que dé un mensaje fuerte contra las políticas del Gobierno”, explican. En ese sector esperan que León XIV centre sus intervenciones en llamados a la unidad, el diálogo y la cohesión social.
El Pontífice estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El cronograma contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, además de un encuentro institucional con Javier Milei en la Casa Rosada. El Gobierno creó además una unidad específica para coordinar la visita y estableció feriados vinculados con las actividades previstas.
La agenda genera una sensibilidad adicional porque la actividad en Claypole se producirá mientras el Congreso mantiene abierta la discusión sobre el nuevo régimen de Discapacidad. El oficialismo consiguió un dictamen de mayoría en Diputados, pero el texto todavía genera diferencias dentro del propio Gobierno sobre su costo, alcance y redacción final.
Esas diferencias motivaron esta semana una reunión específica posterior a la mesa política. Participaron Luis Caputo, Diego Santilli, Nicolás Mayoraz y María Ibarzabal Murphy. El encuentro buscó acercar las posiciones entre Economía y los sectores que negociaron el dictamen con los bloques aliados.
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En el Gobierno aseguran que hubo avances, pero todavía no hablan de un acuerdo definitivo. Una de las posiciones internas sostiene que los cambios reclamados por las áreas técnicas “no son opcionales”, mientras desde el sector parlamentario insisten en preservar buena parte del entendimiento alcanzado con los aliados.
La discusión no pasa por desechar completamente el dictamen. Funcionarios involucrados en las conversaciones explican que el objetivo es encontrar un punto intermedio antes de la votación y evitar romper el acuerdo con los bloques dialoguistas. En ese sector descartan como estrategia principal resolver las diferencias mediante un veto parcial posterior.
El texto aprobado en comisión mantiene distintos puntos que habían sido reclamados por los aliados, entre ellos las pensiones no contributivas, la cobertura sanitaria, reglas sobre compatibilidad con ingresos laborales y la universalidad del nomenclador. Economía, Salud y Legal y Técnica plantearon observaciones sobre distintos aspectos del esquema.
“La idea es que el tema salga lo más limpio, prolijo y con el menor conflicto posible”, explican cerca de la negociación. En ese espacio reconocen además que el debate sobre Discapacidad es políticamente adverso para el oficialismo y consideran que volver a abrir una confrontación pública tendría costos adicionales.
Ese diagnóstico se cruza ahora con la visita papal. En el ala más preocupada del Ejecutivo entienden que una disputa abierta por fondos, pensiones o prestaciones durante los días previos al viaje puede condicionar la agenda pública de León XIV, especialmente por su paso por el Cottolengo.
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La otra línea interna rechaza que la visita deba interpretarse anticipadamente como un enfrentamiento con el Gobierno. Esos funcionarios remarcan que la organización viene siendo coordinada entre Nación, la Iglesia y las jurisdicciones involucradas y esperan que los mensajes del Papa tengan un alcance pastoral más amplio que la discusión puntual sobre las políticas oficiales.
La Casa Rosada intenta por eso mantener separados el vínculo institucional con la Iglesia y las negociaciones legislativas por Discapacidad. El Gobierno seguirá trabajando sobre la redacción del dictamen mientras las áreas de Presidencia, Jefatura de Gabinete y Seguridad avanzan con el operativo para noviembre.
La principal incógnita es si ambas agendas podrán mantenerse separadas cuando León XIV llegue al país. Mientras un sector del Ejecutivo teme que el Cottolengo concentre las críticas sobre Discapacidad, otro cree que el Papa evitará una confrontación directa con Milei y priorizará un mensaje de unidad. La decisión inmediata de la Casa Rosada es bajar la tensión, terminar de ordenar la negociación parlamentaria y evitar que el conflicto llegue abierto a noviembre.
