El conflicto por la cantidad de integrantes del máximo tribunal de Santa Cruz sumó nuevos capítulos y derivó en una crisis institucional sin precedentes, con presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y acusaciones cruzadas entre el Poder Judicial y el Gobierno provincial.
El punto de quiebre se produjo el 17 de diciembre pasado, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 3949, que había ampliado de cinco a nueve el número de integrantes del cuerpo. La decisión fue firmada por cuatro vocales y una jueza subrogante, y marcó el inicio de una confrontación abierta con los otros poderes del Estado.
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Las tensiones habían comenzado meses antes. En septiembre, un sector del tribunal se opuso a la asunción de los nuevos jueces designados tras la reforma. En ese contexto, el juez Daniel Mariani les tomó juramento en soledad, lo que derivó luego en su desplazamiento de la presidencia del tribunal.
Desde entonces, el funcionamiento de la Corte provincial quedó atravesado por una división interna que derivó en un esquema de “doble comando”. Por un lado, se ubica el bloque de cuatro jueces identificados con el kirchnerismo, encabezados por René Fernández, quienes convocan a la defensora general para alcanzar mayorías. Por el otro, Mariani junto a los nuevos vocales impulsados por el gobernador Claudio Vidal.
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El eje del conflicto es la ley 3949, sancionada en agosto de 2025, que dispuso la ampliación del tribunal. Tras su aprobación, el Ejecutivo provincial intentó sostener su vigencia mediante un recurso extraordinario federal, pero el propio Tribunal Superior rechazó esa vía al invocar supuestos incumplimientos formales.
Para la Fiscalía de Estado, ese rechazo constituye un “exceso ritual manifiesto”, orientado a impedir que la Corte Suprema analice el fondo de la cuestión. En esa línea, el organismo denunció que los magistrados provinciales buscan “perpetuarse en el poder” al bloquear la incorporación de nuevos jueces designados conforme a los mecanismos constitucionales.
La presentación ante la Corte nacional califica el caso como de “suma gravedad institucional” y acusa al Poder Judicial santacruceño de haber invadido competencias propias del Poder Legislativo y del Ejecutivo. Según esa idea, el tribunal tomó decisiones parecidas a las de una convención constituyente al resolver sobre su propia composición y anular una ley que ya estaba en vigor.
El recurso advierte que esa conducta vulnera el principio de división de poderes consagrado en el artículo 1 de la Constitución Nacional y solicita una intervención urgente del máximo tribunal para restablecer el “orden constitucional federal”, que considera “amenazado” en la provincia.
Según denuncian desde el oficialismo, a estos últimos nunca se les asignaron despachos ni personal, se les impidió participar de las reuniones de acuerdo —que se realizan semanalmente— y tampoco se les abonaron sus salarios como jueces. Recién a fines de diciembre, la Legislatura provincial aprobó habilitar el pago del 50% de sus haberes, de manera provisoria hasta que se resuelva la situación judicial de la ley.
Los pormenores de la situación judicial
Hay por lo menos cuatro expedientes en la Corte Suprema referidos al caso Santa Cruz: la presentación del presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón, de febrero pasado, el recurso federal presentado en los últimos días por la Fiscalía de Estado y dos presentaciones de los cuatro jueces nombrados por Vidal, a quienes el ala kirchnerista se niega a dejarlos ejercer.
“Estamos frente a una Justicia que actúa como oposición”, aseguró el gobernador y apuntó contra la conformación actual del Tribunal Superior de Justicia: “Son antidemocráticos y anticonstitucionales”.
En el Gobierno están convencidos de que hay una decisión política de la Justicia de “no dejarlos gobernar”. Ahí apuntan directamente contra el entorno de la exgobernadora Alicia Kirchner. “Buscan desfinanciar al Estado y condicionar al gobierno de la provincia”, afirmó el mandatario, quien consideró que existe una estrategia coordinada para frenar la gestión.
“El tema es que esa mayoría automática jugó corporativamente”, indicó a TN un dirigente cercano a Vidal. Y agregó: “Ademas tiene el apoyo del gremio de judiciales de Santa Cruz. Ellos presentaron la medida cautelar”.
En cuanto al Tribunal Superior provincial, hay algunas particularidades. Uno de los vocales que no dejan asumir es Sergio Acevedo, un hombre con una larguísima trayectoria política en Santa Cruz. Fue intendente, vicegobernador, gobernador, legislador provincial, diputado nacional y ahora vocal del TSJ. Acevedo estuvo además a cargo de la SIDE apenas asumió Néstor Kirchner como presidente.
Acevedo terminó peleado con el kirchnerismo y alejado de la política partidaria, por eso luego se acercó a las filas del Gobernador Claudio Vidal.
