El Gobierno trabaja en un decreto para reasignar partidas presupuestarias para las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. El Ejecutivo asegura que los aumentos se ajustarán al déficit cero y que los implementará de acuerdo a su interpretación del alcance de las normas.
“Estamos analizando opciones. No vamos a desfinanciar un sector en particular”, agregan. En la Casa Rosada rechazan la posibilidad de que el recorte de recursos se enfoque solo en las asignaciones a las provincias. Se trata de una de las respuestas que fijó la mesa política del oficialismo tras la caída del capítulo XI del Presupuesto 2026.
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La iniciativa la trabajan los equipos técnicos del jefe de gabinete, Manuel Adorni, que tiene en carpeta la utilización de las facultades de reasignación presupuestaria para redistribuir fondos. En Nación no descartan la emisión de un decreto administrativo de ejecución mensual, que permita ajustar los créditos a medida que se actualicen las cuentas de referencia, la recaudación y las metas fiscales.
En Balcarce 50 insisten igualmente en que intentarán avanzar con la derogación de ambas leyes en el corto plazo para no tener que completar a lo largo del año el incremento del gasto a sus asignaciones. “Los aumentos los vamos a hacer a nuestro gusto, como hicieron todos los gobiernos”, agregan.
La Ley de Financiamiento Universitario estableció una actualización de los gastos de funcionamiento por IPC junto con una recomposición de los salarios docentes y no docentes. Según el informe de impacto fiscal de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la norma implica un costo estimado de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI, entre gastos operativos y salariales.
La Ley de Discapacidad declaró la emergencia nacional y amplió prestaciones y beneficiarios. Según distintos escenarios de incorporación de beneficiarios a la Pensión No Contributiva y a las prestaciones de salud, se estima un impacto del 0,42% del PBI. En la Casa Rosada advierten que el texto “no define con precisión los universos”.
El Gobierno trabajó la semana pasada sobre una contrapropuesta por ambas leyes, que cuentan con una serie de cambios. Para universidades, promueve la actualización automática por un esquema acotado: 20% de aumento en gastos de funcionamiento respecto de 2025 y actualización salarial escalonada con un 5% desde diciembre de 2025 y luego cuatro subas mensuales del 2% entre enero y abril de 2026.
En Discapacidad, mantiene la declaración de emergencia, pero plantea que la prestación quede atada a parámetros previsionales: fija la pensión en 70% del haber mínimo jubilatorio y habilita su compatibilidad con trabajo formal si los ingresos no superan dos salarios mínimos. Contempla además una compensación retroactiva para prestadores y propone un ajuste trimestral de aranceles a cargo de Salud y ANDIS, con cláusula de referencia al IPC si no hay definición.
