El Gobierno cerró una semana intensa en el Congreso con avances legislativos clave, pero terminó envuelto en una crisis política que puso en duda la sanción definitiva del Presupuesto 2026 y obligó a postergar la reforma laboral. Lo que hasta hace días aparecía como una secuencia de éxitos comenzó a resquebrajarse en la Cámara de Diputados y terminó impactando también en el Senado, donde ahora reina la incertidumbre.
En la primera sesión tras el recambio legislativo, el oficialismo consiguió en Diputados la media sanción de tres proyectos centrales: la ley de Presupuesto, el compromiso fiscal y la iniciativa de inocencia fiscal. A eso se sumó el dictamen favorable en el Senado al proyecto de modernización laboral y una decisión del área económica que pasó sin sobresaltos: Economía modificó las bandas cambiarias sin que el dólar registrara un salto abrupto.
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Todo parecía encaminarse sin mayores sobresaltos. Sin embargo, el equilibrio resultó frágil. En cuestión de horas, se rompieron alianzas que se daban por consolidadas y también algunas más recientes. El conflicto se desató en Diputados y abrió un frente de tormenta que ahora amenaza con trabar tanto el Presupuesto como la reforma laboral, cuyo tratamiento fue postergado para febrero.
Durante semanas, Diego Santilli, Manuel Adorni, Santiago Caputo y Martín Menem articularon acuerdos con gobernadores y legisladores. En ese marco, Javier Milei dejó atrás la etapa de confrontación abierta y habilitó la negociación política. El Presidente pareció asumir que el acuerdo rinde más que el enfrentamiento. En ese contexto, el Gobierno incrementó las transferencias de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a varias provincias, avaló a algunos distritos para endeudarse y promovió un proyecto para las provincias cordilleranas que les permitirá redefinir los límites de los glaciares, con el objetivo de localizar explotaciones mineras.
El Presupuesto logró la media sanción y la reforma laboral obtuvo dictamen, pero el escenario volvió a complicarse. Los gobernadores que se habían convertido en nuevos aliados del Ejecutivo y que acompañaron al Gobierno en la votación en general marcaron rápidamente un límite: votaron contra la derogación de las leyes de emergencia educativa y de discapacidad. El mensaje fue claro. Los mandatarios provinciales recibieron solo un reconocimiento parcial de sus reclamos y su acompañamiento no sería automático ni irrestricto.
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El conflicto se concentró en el Capítulo XI incorporado por el oficialismo, un apartado complejo que incluía la derogación de las leyes de discapacidad y de fondos universitarios. Se trata de normas que el Congreso había aprobado, que Milei vetó y sobre las cuales el Parlamento insistió. Ese capítulo también abarcaba la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un esquema de compensación de deudas y créditos entre las distribuidoras eléctricas y el Estado nacional. Para muchos legisladores, el paquete resultó excesivo e indigerible, al cruzar intereses diversos en un mismo artículo.
Tras el rechazo de los diputados alineados con los gobernadores aliados, el Ejecutivo reaccionó con dureza. En la Casa Rosada sostienen que el Presupuesto aprobado sin esas derogaciones “no sirve” porque genera déficit. Por eso, ahora el Gobierno pretende que el Senado reintroduzca esos puntos y los apruebe.
La estrategia enfrenta dos obstáculos. Si el Senado modifica el proyecto, deberá volver a Diputados. Pero el problema central es político: el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para imponer su postura. El malestar que estalló en Diputados se trasladó rápidamente a la Cámara alta. Senadores aliados admiten que no están dispuestos a acompañar a Milei en lo que consideran una batalla cultural ciega contra las leyes de discapacidad y los fondos universitarios aprobados por el Congreso.
La tensión se profundizó cuando Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO —hasta ahora un aliado incondicional— expresó su enojo al enterarse de que el Gobierno alcanzó un acuerdo con el kirchnerismo para designar auditores en la Auditoría General de la Nación (AGN).
En este contexto, hoy está en duda que el Senado apruebe el Presupuesto en los términos que pretende el Presidente, y también el respaldo político para la reforma laboral quedó en suspenso. Por eso, Bullrich decidió postergar el debate hasta el 10 de febrero. La decisión apunta a ganar tiempo para seguir negociando con la CGT —que mostró dureza en la calle pero se muestra dispuesta a dialogar— y recomponer el vínculo con los gobernadores aliados. La dilación resulta llamativa, dado que el Gobierno venía fortalecido tras las elecciones de medio término y los avances legislativos recientes.
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Del lado opositor, el cristiperonismo exhibe un escenario de desorden creciente. El senador José Mayans dejó expuesta la debilidad del bloque que conduce cuando, ante el avance de la reforma laboral, denunció supuestas irregularidades en la designación de Bullrich como presidenta de la comisión y anunció que llevará el tema a la Justicia. El propio Mayans sabe que el Poder Judicial no suele intervenir en asuntos internos del Congreso, pero tampoco cuenta con herramientas políticas para frenar la ley.
En definitiva, si el proyecto de reforma laboral —que está bien elaborado y no resulta extremo— fracasa, será por problemas internos del oficialismo y sus aliados, y no por la fortaleza de la oposición. Quien también dejó traslucir su debilidad fue la CGT, que mostró capacidad de movilización en la calle, pero con un peso político limitado.
Optimismo en el plano económico
En el plano económico, la semana dejó algunos datos positivos. La economía logró esquivar la recesión por un margen mínimo: la actividad creció 0,3% en el tercer trimestre, finalizado en septiembre, revirtiendo los números negativos del período anterior. En la comida de la Asociación Empresaria Argentina, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, reconoció que el crecimiento es heterogéneo. En la misma línea, el titular de la UIA, Daniel Rapanelli, le advirtió al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que se perdieron 20.000 puestos de trabajo en el sector industrial.
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Además, el Indec informó que la desocupación bajó de 6,9% a 6,6%. El dato convive con una realidad compleja: muchas empresas redujeron personal, y parte de los despedidos consiguió empleo informal, mal remunerado y sin aportes, o se inscribió como monotributista, es decir, trabaja en blanco pero como cuentapropista y en condiciones precarias.
Pese a todo, el optimismo de Milei se mantiene intacto. El Presidente volvió a prometer que en julio o agosto la inflación comenzará con un cero adelante. La inercia inflacionaria, sin embargo, plantea desafíos: la inflación minorista fue de 2,5% en noviembre, la de diciembre no sería mucho menor y la inflación mayorista subió de 1,1% en octubre a 1,6% en noviembre. Aun así, el Gobierno pide el beneficio de la duda: el año 2025 cerraría con una inflación del 30%, frente al 117,4% registrado en 2024.
