El miércoles después de la medianoche, cuando el oficialismo conseguía la aprobación general de la Ley de Presupuesto, un colaborador imprescindible del círculo del poder presidencial recibió un mensaje de WhatsApp de un dirigente peronista experimentado con el que tiene confianza: “¿132 a 97? Andá llamando a la cochería”, le escribió. Se refería al resultado de los votos que a primera vista podían mostrar una victoria cómoda, reconfortante, pero que el mensajero intuía que podían ser la previa a una catástrofe cuando se discutiera la ley en capítulos. El asesor se inquietó por la profecía, pero la verdad es que en esos 80 minutos que sucedieron entre la votación general y la particular no hubo sirenas de alerta, llamados de madrugada ni consultas desesperadas. Parecía que todo marchaba de acuerdo al plan que habían ejecutado Martín Menem y Diego Santilli con gobernadores y diputados.
Los integrantes del círculo chico del poder sostienen que no vieron lo que finalmente iba a pasar a la 1.35 a. m., cuando los diputados emitieron su voto por capítulos y bocharon lo único que realmente interesaba a la Casa Rosada: el capítulo XI en su totalidad. Entonces sí, los celulares empezaron a sonar.
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Desde ahí, todas fueron malas noticias. Mientras digerían el resultado y, sobre todo, lo que Menem describió después como “la traición” de varios gobernadores supuestamente aliados, como el de Catamarca y Tucumán (ampliaremos), el presidente de la Cámara se metió de lleno en otro problema mucho más incómodo. Avanzar con un acuerdo que había empezado el día anterior, pero que se había consolidado el miércoles a la hora del té, cuando Martín Menem le transmitió a Germán Martínez, jefe del bloque K, que avanzarían con la designación de los representantes de Diputados en la Auditoría General de la Nación, un organismo clave en el control de transparencia que estaba empantanado por la falta de designaciones.
La provincia de Salta pedía esa silla que originalmente le habían prometido al PRO, el aliado hasta ahora más incondicional con que cuenta el Gobierno. Un diputado colaborador del oficialismo se preguntaba cómo le fueron a conceder a un gobernador una compensación que dura cinco años: “Los gobernadores viven de lo que necesitan hoy. No le podés dar algo que dure cinco años —la silla en la AGN— porque la próxima sesión te dice que necesitan la ruta 23 y se la tenés que dar porque lo otro ya lo tiene”. Estrategias de la casta.
Lo cierto es que el encadenamiento de fatalidades incluyó quedar expuestos en un acuerdo con el kirchnerismo, hacerlo al borde del reglamento (las designaciones en la AGN no estaban en el temario de la sesión y se necesitan los votos de ¾ de los presentes para que sea válido) y una fricción con el PRO que llevó a Macri a preguntarle a Ritondo: “¿Dónde estamos parados?”.
Hubo un momento desopilante en la madrugada cuando finalmente aprobaron la designación de los auditores: Ritondo hizo su denuncia, pero no aparecía la representante salteña Cinthia Pamela Caletti. Su silla fue el principal motivo de discordia. Algunos mal pensados dicen estar seguros de que se había quedado dormida en el despacho. Otros, que hubo que ir a buscarla a la casa porque se pensó que la designación no sucedería. Durante todos los minutos que ella tardó en llegar hubo tiempo para discursos que criticaban el acuerdo.
El manoseo al PRO fue grosero y permitió que ahora el poder de daño de los amarillos sea mayor. Si lo sabrá Patricia Bullrich, que ayer mismo vio desmoronarse toda la estrategia cronológica para la reforma laboral, apurando un dictamen y prorrogando la fecha de discusión a febrero. Hoy mismo aceptó lo inevitable: que salió el dictamen para discutir después de Navidad el Presupuesto tal cual salió de Diputados.
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En el capítulo XI habían incluido también el pago de la coparticipación a la Ciudad, un tema que Jorge Macri tuvo como moneda de motivación para el apoyo unánime del PRO. Ritondo se enfureció en la sesión porque incluyeron ese artículo sobre los fondos para la Ciudad en el apartado más polémico de la ley. Previsor, sabía que si se caía la derogación de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, se caían los fondos. Hoy Macri fue a ver al ministro de Economía para pedir que cumplan el fallo de la Corte que los avala sin necesidad de meterlo en el Presupuesto.
El núcleo
El capítulo XI, se sabe, incluía muchos temas de interés y de disuasión para algunos sectores: la restricción de las áreas de subsidios a zona fría —que el Gobierno venía buscando hace meses—, el pago de la deuda a las generadoras de energía —cuyos empresarios daban por confirmado—, la actualización presupuestaria al Poder Judicial y, claro, la derogación de las leyes que el Gobierno rechaza. Son dos normas que se aprobaron en el Congreso el año pasado, fueron luego vetadas por el Presidente, pero terminaron vigentes porque el Parlamento rechazó esos vetos. Desde entonces, la estrategia jurídica diseñada por el Gobierno siempre fue prorrogar su aplicación hasta lograr derogarlas a través del Presupuesto.
El miércoles a la noche ese deseo debía hacerse realidad. No pasó y el resultado fue lo contrario del win win al que habían apostado cuando encapsularon en un capítulo todas las compensaciones y las necesidades del Presupuesto. Terminaron en un lose lose, una trampera autodiseñada, de final incierto y consecuencias todavía impredecibles.
Ahora, la Casa Rosada se organiza alrededor de un discurso optimista. Lo dijo Diego Santilli, que estuvo a cargo de ser el vocero, al igual que Bullrich: “Lo que se logró es un paso muy importante, venimos de tres años sin presupuesto”.
Esa tranquilidad no es tal. Ayer, las reuniones en el entorno de Santiago Caputo, ausente de la mayoría de las negociaciones con los gobernadores, escaneaban dónde se había producido la falla. A pesar de la paz que vienen intentando construir tras el resultado electoral, ayer volvieron las críticas feroces entre su área y la de los Menem. La anatomía de este problema todavía no está clara: ¿falló Martín Menem? ¿Falló la estrategia que le dieron? El presidente de la Cámara mandó un WhatsApp asegurando que lo habían traicionado los gobernadores de Catamarca y Tucumán, pero algunos diputados aseguran que no hubo instrucciones claras y que el oficialismo agregó —sin la conversación correspondiente— la derogación de dos leyes socialmente muy sensibles.
Son dudas intestinas del funcionamiento de un poder que había mostrado muchas impericias en el primer tramo, pero que el miércoles inauguraba una segunda etapa oxigenada después del triunfo electoral, más ordenados y supuestamente con la motricidad fina más desarrollada. Es lo que necesitan: después de todo, el número de sus representantes mejoró muchísimo, pero no alcanza siquiera para tener quórum propio.
