El Gobierno no descarta sumar otra denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) si no presenta los balances que reclama la Inspección General de Justicia (IGJ) por presuntas irregularidades.
El Ministerio de Justicia confirmó esta semana que el organismo realizó una reiteración del pedido para que presente información.
La IGJ abrió un sumario para investigar a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia con foco en los balances, la actuación en la provincia de Buenos Aires y la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA). Solicitó información para respaldar gastos e inversiones por más de US$111 millones en el caso de la AFA y US$340 millones en la Liga Profesional.
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El Ejecutivo sostiene que si la AFA no responde o se niega a abrir sus números, la IGJ solicitará al Ministerio de Justicia la designación de un veedor informante. Esa figura permite al Estado compulsar de manera directa los libros, actas y documentación contable de la AFA y de la Liga Profesional, sin necesidad del consentimiento de sus autoridades.
En la Casa Rosada explican que ante una eventual negativa a la actuación del veedor —o la detección de irregularidades durante esa instancia— evaluarán una presentación judicial. La falta de colaboración también habilita sanciones administrativas, multas económicas y el bloqueo de trámites registrales ante la IGJ.
“Somos la gestión que más avanzó contra la AFA”, expresan en Nación. La intimación fija un plazo máximo de 20 días para que presente los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, que se encuentran pendientes. También reclama explicaciones por la celebración de asambleas ordinarias y extraordinarias del 28 de octubre de 2025 en el predio de Ezeiza.
La IGJ pidió además que se informen las razones por las que las asambleas contaron con la participación de funcionarios de la Dirección General de Personas Jurídicas bonaerense. El oficialismo argumenta que la entidad realizó trámites y operaciones evitando el control por su sede en la Ciudad de Buenos Aires, que ya mudó.
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El Gobierno también intimó a la AFA a entregar copias certificadas de las actas del Consejo Directivo y de las asambleas, además de toda la documentación vinculada a la creación y funcionamiento de la Universidad de la AFA (UNAFA). El requerimiento incluye los estatutos constitutivos, las autorizaciones estatales para su funcionamiento, los convenios firmados con universidades públicas y privadas y los comprobantes de adquisición del inmueble donde funciona la sede de la universidad.
La avanzada administrativa se suma a las denuncias penales que ya impulsa el Gobierno contra la AFA a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que amplió una causa por presunta retención indebida de tributos y aportes a la Seguridad Social. El monto total bajo investigación supera los $19.300 millones y tramita en la Justicia Nacional en lo Penal Económico.
