El Gobierno descarta vetar el Presupuesto 2026 y asegura que no aplicará las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario si el Senado no acepta cambios.
El Ejecutivo cambió de postura y ahora sostiene que el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados “no tiene déficit”. “El texto nos sirve. No tiene ningún detalle que vaya en contra de lo que proponemos”, expresan.
La Casa Rosada no reconoce la vigencia de las leyes que vetó y mantiene la postura de que no ejecutará las partidas que indica la norma “bajo ningún contexto”. Los equipos técnicos de Nación se respaldan en que la iniciativa presupuestaria cuenta con metas fiscales, no abarca esas partidas y contempla la “regla” que impide nuevas erogaciones sin financiamiento.
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“Lo único que pasó es que se rechazó la derogación de las leyes, que no implica que adjudiquemos las partidas”, agregan. Se trata de un vuelco en la estrategia y en la discursiva del oficialismo que hasta el jueves a la noche insistía con que la iniciativa ya no les servía por el rechazo al capítulo XI, que abarca las derogaciones de las leyes que aumentan las asignaciones a Discapacidad y Universidades. Las idas y vueltas generaron tensiones y enojos en los distintos sectores de Balcarce 50.
En distintas oficinas de Nación califican el contexto interno como un “desorden”. La mesa política de Balcarce 50 definió finalmente presentar una contrapropuesta sobre el articulado rechazado, que intentará incluir durante la sesión de este jueves en la Cámara Alta. La propuesta desestima la derogación de las leyes y propone un esquema de aumentos de menor proporción, que fue validado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
La iniciativa mantiene la declaración de emergencia en Discapacidad, pero plantea que la prestación quede atada a parámetros previsionales: fija la pensión en 70% del haber mínimo jubilatorio y habilita su compatibilidad con trabajo formal si los ingresos no superan dos salarios mínimos. Sostiene además una compensación retroactiva para prestadores y propone un ajuste trimestral de aranceles a cargo de Salud y ANDIS, con cláusula de referencia al IPC si no hay definición.
La contrapropuesta por Universidades reemplaza la actualización automática por un esquema acotado: 20% de aumento en gastos de funcionamiento respecto de 2025 y actualización salarial escalonada con un 5% desde diciembre de 2025 y luego cuatro subas mensuales del 2% entre enero y abril de 2026. Contempla también una evaluación en junio para definir si se compensa la diferencia con la inflación.
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El Senado dictaminó este viernes el Presupuesto 2026 sin modificaciones sobre lo aprobado en Diputados. El texto contempla transferencias a universidades por $4,785 billones y una reserva del Tesoro de $405.000 millones sin distribuir -que funciona como margen de maniobra para eventuales necesidades- y mantiene el régimen vigente de pensiones no contributivas por invalidez.
No contempla indexación automática ni ampliación de beneficiarios, asume la continuidad del bono de $70.000 para haberes mínimos sin actualización durante 2026 y proyecta una reducción promedio de 155.000 pensiones durante el año. La jefa de bloque de LLA en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, ya inició una ronda de negociaciones con legisladores aliados para impulsar los cambios, aunque en Nación advierten que se quedarán con el Presupuesto “si no los aceptan”.
