La titular del Senado, Victoria Villarruel, está reunida con los presidentes de bloque desde las 11, hora desde la que se desarrolla el encuentro de Labor Parlamentaria con el objetivo de empezar a organizar el debate por la reforma laboral.
Tal como ocurrió en la Cámara de Diputados con el Presupuesto 2026, la reforma laboral del Gobierno tiene que definir los nombres de los senadores que la abordarán durante su tratamiento en las dos comisiones donde fue girada la iniciativa: Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda.
La senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo, trae a la reunión las necesidades del Gobierno: dictamen esta semana y sesión después de Navidad. Arriesgará dos fechas, el sábado 27 o el lunes 29 de diciembre. De esa manera cumpliría su compromiso con la Casa Rosada de avanzar con este proyecto.
Pero para una bancada que es la segunda minoría en el Senado, con 20 senadores propios, más el cordobés Luis Juez, aún le faltan acuerdos parlamentarios con el resto de las fuerzas amigables del oficialismo para llegar a 37 senadores que garanticen los votos a favor.
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La UCR de Eduardo Vischi tiene diez integrantes, el Pro de Martín Goerling, tres. Aun sumando a las dos bancadas no está garantizado el número a favor de la iniciativa. Bullrich sabe que necesitarán de legisladores provinciales. Además, estos dos espacios no quieren seguir siendo la mayoría automática para los libertarios. Son los sectores del Senado donde más llamados y reuniones concentró en las últimas semanas Patricia Bullrich.
Los radicales lo manifestaron recientemente en la elección de las nuevas autoridades del centenario partido, Leonel Chiarella, respaldado por los hermanos Valdés, Gustavo y Juan Pablo, el ex y el actual gobernador de Corrientes, una provincia que cuenta con dos senadores, que tendrán una postura crítica para con el Gobierno del Presidente Javier Milei.
“No podemos tratar semejante iniciativa en dos semanas”, se quejó ante TN un radical que no forma parte de las provincias gobernadas por su partido y con alianzas con los libertarios como Mendoza o Chaco. Por el lado del Pro, el presidente del partido, Mauricio Macri, busca que la crisis interna no siga reduciendo su representación legislativa. La última fuga fue la de Luis Juez.
Primero deberán conformarse las comisiones para analizar los proyectos. Definir si Patricia Bullrich conducirá a lo largo de este debate la Comisión de Trabajo, que hasta el final del periodo parlamentario anterior lideró Carmen Álvarez Rivero, senadora por Córdoba que ingresó al Senado por el Pro y, tras las elecciones de octubre, viró hacia los libertarios ante los primeros llamados de la por entonces ministra de Seguridad.
En la otra Comisión que discutirá el proyecto, Presupuesto y Hacienda, el oficialismo debe resolver quién la presidirá, o mantener en el liderazgo al jujeño de La Libertad Avanza Ezequiel Atauche, o, como piden los nuevos senadores violetas, designar al flamante legislador Agustín Monteverde.
Cada una de las comisiones que se armen contarán con 17 senadores cada una, con una polarización marcada entre los lugares que queden en manos del oficialismo y de Unión por la Patria (UxP). Luego será importante definir a los representantes de las otras fuerzas, los representantes del Pro, de la UCR y de los partidos provinciales. Estos últimos con terminales en los gobernadores de sus provincias, como los senadores por Misiones, Santa Cruz, Salta y Neuquén. De allí el oficialismo buscará las firmas para lograr el dictamen de mayoría y los votos para sancionar en el recinto el proyecto de ley.
La postura de UxP
La bancada que encabeza el senador José Mayans ya se sumergió en la discusión del proyecto la semana pasada. Recibió en las oficinas del bloque a los representantes de la CGT y de la CTA. Con todos los sectores gremiales acordó defender los derechos de los trabajadores y rechazar la Reforma Laboral.
El peronismo cuenta con 26 senadores y esperan mantener el acompañamiento de los representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero, liderado por el exgobernador Gerardo Zamora, quien abrió su propia bancada. Construir, de esa manera mayorías, para trabar la discusión con los libertarios y que el proyecto no pase el filtro del Senado.
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Todos recuerdan los fracasos en esta materia de los expresidentes radicales Raúl Alfonsín en 1984 y de Fernando de la Rúa en 2000, con su Reforma Laboral que terminó en la justicia por las denuncias de sobornos con la tarjeta bancaria Banelco por parte del sindicalista Hugo Moyano. También quedó trunco en el Senado el intento de reforma del exmandatario Mauricio Macri y de su exministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Uno de los participantes de esos encuentros, el diputado y sindicalista de la CTA Hugo Yasky dejó en claro que “la legislación laboral argentina no está congelada en 1975, como se repite, sino que desde la recuperación democrática se firmaron numerosos convenios, especialmente entre 2003 y 2015”. Y agregó: “En la Argentina hay más de 10 millones de asalariados registrados. Precarizar sus condiciones impactará en toda la economía. El objetivo central del proyecto es disciplinar a los trabajadores y destruir el movimiento sindical para imponer un modelo de alta informalidad, como el peruano”, reflexionó el legislador que se opondrá al proyecto si llega a Diputados.
El senador Mariano Recalde, vocero de las reuniones del bloque con las centrales sindicales, afirmó: “Nuestro bloque no va a apoyar ninguna propuesta que perjudique a los trabajadores y a sus organizaciones. Acordamos trabajar unidos y sumar voluntades para ampliar el espectro opositor frente a esta reforma regresiva, que busca abaratar el trabajo, generar mano de obra esclava y facilitar los despidos más que las contrataciones, en este contexto económico”.
El Frente de Izquierda no tiene senadores, pero sigue muy de cerca lo que va ocurriendo en el Senado, saben que, de aprobarse el proyecto, lo tendrán que analizar en la Cámara baja, “llaman modernización laboral a un proyecto que atrasa siglos.”, dijo el diputado Nicolás del Caño. Agregando que, “no va a generar ninguna mejora para las trabajadoras y los trabajadores informales que hoy no tienen derecho a vacaciones, a aguinaldo, a una indemnización en caso de despido, por ejemplo. Significa quitarle derechos y conquistas históricas a un sector de la clase trabajadora que hoy los mantiene, de ninguna manera se va a generar una mejora a aquellos que no las tienen”, dijo el legislador Nicolás del Caño.
Dentro de los que defendieron la Reforma Laboral está el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger quien consideró que, “es una ley para llevar a los argentinos a la formalidad laboral; tiene su foco en las nuevas modalidades de trabajo, en los jóvenes”.
