Nada se sabe formalmente sobre Nahuel Gallo. El gendarme argentino fue detenido el 8 de diciembre del año pasado cuando ingresó a Venezuela a través de uno de los puentes fronterizos que conectan Cúcuta, Colombia, con Táchira.
Con todos los papeles en regla y la documentación necesaria, viajaba para visitar a su pareja y a su hijo, quienes estaban en Caracas desde hacía meses. Desde entonces, el chavismo usó la detención con fines políticos, mientras la Argentina y el mundo denuncian una desaparición forzada.
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Sucede que Gallo está detenido sin abogado representante, sin contacto con su familia y no hay información sobre su paradero. “Hace un año que no escuchamos su voz”, dijo con angustia su pareja, María Gómez, durante el fin de semana en TN.
En este contexto, el Gobierno de Javier Milei tiene pocas herramientas para lograr la liberación del gendarme por sí solo. No hay contactos oficiales ni paralelos con Venezuela y escasean las vías de negociación.
Donald Trump emerge entonces como la gran apuesta de la Argentina. Todas las fichas están puestas en que se logre la liberación de los presos internacionales a través de la presión que ejerce la Casa Blanca por vía militar y diplomática. Ya hubo un intento de movimiento coordinado junto con Italia, Israel y Bélgica.
Mientras los destructores, aviones de combate y marines estadounidenses se alistan en el Caribe frente a las costas venezolanas, la Argentina busca que Gallo forme parte de las negociaciones que, indudablemente, están en curso con el régimen venezolano.
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Hasta el momento, Estados Unidos logró liberar a sus propios ciudadanos que estaban en situaciones similares a la de Gallo. A los pocos días de regresar a la Casa Blanca, el enviado especial de Trump, Richard Grenell, viajó a Caracas, se reunió con Maduro y volvió con el grupo de norteamericanos detenidos.
Washington también participó activamente en la evacuación de los cinco asesores de María Corina Machado que estaban asilados en la residencia argentina en la capital venezolana. Hay agentes y activos de inteligencia que trabajan en distintas áreas dentro de Venezuela. Allí está la apuesta.
A lo largo de este año, la Argentina elevó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares urgentes; ante la Corte Penal Internacional (CPI), por detención arbitraria y desaparición forzada; y ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los principales interlocutores del Gobierno nacional son el Ministerio de Seguridad y la Cancillería. Desde allí se delineó la estrategia para la salida en secreto de María Gómez, la esposa de Gallo, y su hijo. El fin de semana, en declaraciones a TN, Gómez dijo: “Nahuel no está preso, está en desaparición forzada. Eso es un crimen de lesa humanidad“.
