El juez federal Daniel Rafecas ordenó una batería de medidas de prueba en el marco de la causa que investiga la compra de una quinta de lujo en Pilar por parte de la empresa Real Central SRL, vinculada a Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes están acusados de presunto lavado de dinero. La decisión judicial se conoció después de que el fiscal Ramiro González impulsara formalmente la acción penal y pidiera un paquete de medidas económicas y patrimoniales de alto alcance.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Elisa Carrió, el legislador porteño Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe. Los dirigentes apuntaron contra Pantano y Conte por la compra de un predio de más de 105 mil metros cuadrados en Villa Rosa, en el partido de Pilar. Según la presentación, los imputados no podrían justificar la adquisición de un inmueble que, de acuerdo con las descripciones, funcionaría como una quinta de grandes dimensiones, con autos de colección, un haras de caballos árabes, pista de entrenamiento equino, instalaciones deportivas y hasta un helipuerto.
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Los denunciantes remarcaron que los ingresos de los socios no serían compatibles con semejante patrimonio: Conte era monotributista social y jubilada; Pantano, monotributista de categoría G, con un máximo de facturación anual de $40 millones.
En una resolución firmada este viernes, Rafecas decidió avanzar con todas las medidas solicitadas por el fiscal y por los denunciantes. El juez consideró que, pese a que aún está en discusión la competencia definitiva del expediente, “resulta necesario avanzar en materia probatoria respecto de la hipótesis delictiva planteada”.
Asimismo, Rafecas ordenó una valuación exhaustiva del inmueble, para lo cual se convocó a un perito tasador de la Corte Suprema y a un perito tasador del Colegio de Martilleros de San Isidro. El magistrado, por otra parte, elevará el martes el expediente a la Cámara Federal, para que dirima si el caso se tramita en la justicia Federal o en la Justicia Penal Económico.
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Al respecto, el fiscal González sostuvo que existen indicios de que los compradores podrían haber actuado como intermediarios para un tercero que sería el verdadero dueño del predio. La denuncia original incluso citó versiones periodísticas que vinculan al lugar con Claudio “Chiqui” Tapia, aunque la presentación evita imputarlo directamente y se limita a señalar la necesidad de investigar la “trazabilidad” de los bienes.
González planteó que la empresa Real Central SRL —que anteriormente operaba bajo la razón social Central Park Drinks— no tendría actividad económica suficiente para justificar la operación. Por eso, impulsó la causa y pidió levantar los secretos fiscal, bancario y bursátil de los investigados, además de solicitar informes a la AFIP, al Banco Central, a la IGJ, a la UIF y a diversos registros de bienes.
Las principales medidas ordenadas por Rafecas
- Obtener un perfil fiscal completo de Pantano, Conte y de Real Central SRL.
- Recabar información sobre bienes inmuebles, autos, aeronaves y equinos que pudieran estar a su nombre.
- Solicitar al Banco Central información sobre cuentas, movimientos y productos financieros vinculados a los imputados.
- Consultar a la UIF si existen Reportes de Operaciones Sospechosas.
- Requerir información de Mercado Pago sobre posibles billeteras digitales.
- Pedir datos previsionales y de afiliación de los acusados ante ANSES y PAMI.
Además, Rafecas ordenó incorporar a la investigación al empresario Lucas Labbad, exgerente general de Boca Juniors, para que también se analice su situación fiscal y financiera.
