El Gobierno prepara una reforma de la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para 2026 tras la designación de Cristian Auguadra como titular en reemplazo de Sergio Neiffert. El Ejecutivo trabaja sobre cambios en el personal, la estructura, el marco de seguridad interna, el acceso a la información de organismos públicos, el estatuto del espía y la adquisición de equipamiento tecnológico.
La Casa Rosada reconoce que deberá modificar la Ley de Inteligencia (25.520) para poder implementar las modificaciones, pero advierte que no definió si impulsará un proyecto de ley o lo concretará a través de un decreto del presidente. “Primero hay que ver si hay consenso en el Congreso, incluso para sostener un decreto”, expresan en Nación.
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Además, profundizarán los despidos y que habrá cambios en la composición del sistema de Inteligencia basado en el modelo de los Estados Unidos.
Los equipos técnicos del oficialismo tienen como ejemplo a la CIA y a la Ley de Seguridad Nacional de 1947 que le dio forma bajo la presidencia de Harry Truman. Abarca un esquema de coordinación central con mayores capacidades operativas, acceso extendido a datos y un marco legal que habilita la integración de agencias civiles, financieras y de seguridad.
En los pasillos de la central ponen la mira sobre las nuevas atribuciones en inteligencia que adquirieron las fuerzas federales en las reformas que impulsó la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y aseguran que buscarán centralizar la coordinación operativa e informativa. “Lo que queremos es que todos reporten y dependan de la SIDE. Como funciona con el DNI (Director de Inteligencia Nacional) en los Estados Unidos”, agregan.
Se trata de un punto que ya provocó conflictos con el área de Seguridad Interior de la central a raíz de que conviven estructuras paralelas, mandos dispersos y flujos informativos fragmentados que profundizaron el desorden interno del sistema. Es por eso que en el Gobierno busca ampliar la comunidad de inteligencia y verticalizar las directivas.
Una de las opciones que baraja el Ejecutivo es disolver las direcciones nacionales de Inteligencia Criminal (DNIC) y Militar (DNIM) para centralizar sus dependencias y equipos bajo el mando directo de la cúpula de la SIDE. Es un punto que generó fricción con la gestión de Bullrich y que creen poder alcanzar con la nueva ministra, Alejandra Monteoliva.
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La Casa Rosada también quiere expandir la comunidad de información de la secretaría para acceder de forma directa a datos que están bajo secreto por ley, como pueden ser los fiscales que residen en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Es un cambio que Nación ya aplicó con la Unidad de Información Financiera (UIF) a través del decreto 274/2025.
Le otorgó facultades para intercambiar datos con organismos de inteligencia sin límites derivados del secreto profesional, fiscal o bancario, obtener información de cualquier organismo público o privado, congelar activos sin demora y establecer controles, sanciones y medidas de mitigación de riesgo. En Balcarce 50 aseguran que esta incorporación transforma a la UIF en un eje estratégico del sistema.
Otro de los puntos que busca modificar el Gobierno es el estatuto del espía con la intención de conformar un plan de carrera profesional como el de las Fuerzas Armadas. En Nación consideran que el orden actual genera “desorden interno, falta de jerarquías claras y poca previsibilidad en la formación de cuadros”.
El Ejecutivo quiere establecer un nuevo régimen laboral, con plan de carrera, escalafones, formación permanente, retribuciones fijadas por función y normas disciplinarias. “Hoy todo depende del jefe y de su capacidad. Tampoco hay un tribunal en el que se pueda rebatir una valoración del superior”, agregan.
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La Casa Rosada quiere además promover la adquisición de nuevo equipamiento tecnológico en la SIDE: en algunos sectores hablan de vigilancia electrónica, ciberinteligencia, análisis masivo de datos, integración de bases y sistemas de interceptación.
En Balcarce 50 reconocen que hay una traba presupuestaria para poner en marcha las compras más allá de lo que puedan instrumentar a través de lo normativo. Se trata de una iniciativa que intentaron concretar mediante el decreto que le asignó $100.000 millones en 2024 y fue rechazado por el Congreso.
