La Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó el operativo para devolver al Estado el dinero y los bienes decomisados a nombre de Lázaro Báez, en el marco de la causa conocida como “ruta del dinero k”.
Los jueces enviaron un oficio al Tribunal Oral Federal 4, a cargo de Néstor Costabel, donde se informó que se “ha dispuesto el decomiso de sumas dinerarias y la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos de las subastas realizadas”, donde se incluyen los bienes inmuebles registrados a nombre de los ciudadanos Lázaro Antonio Báez y Martín Antonio Báez.
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Asimismo, se dispuso que se proceda a “su inscripción registral bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todo ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 y 305 del Código Penal de la Nación, y 522 del Código Procesal Penal de la Nación”.
Son más de 60 millones de dólares el monto a cubrir.
De acuerdo con la condena emitida en abril de 2021 por el TOF 4, los montos decomisados ascienden a aproximadamente 61,13 millones de dólares, distribuidos en varias partidas: 54,87 millones, 5 millones, 307.994 y 950.000 dólares. A esto se suman montos en pesos argentinos por alrededor de 4,17 millones, ajustados por inflación según el índice del INDEC.
El fallo original establecía que, una vez firme, se procedería a ejecutar los decomisos sobre todos los bienes embargados. Esta decisión fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en febrero de 2023 y, finalmente, por la Corte Suprema en mayo de 2025, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los recursos interpuestos por los condenados.
Desde que se conoció la sentencia el proceso de decomiso presentó controversias cuando el Gobierno nacional emitió el Decreto 575/2025, que creó un Consejo de Bienes Recuperados bajo el ala del Ministerio de Justicia, con el fin de supervisar estos activos.
Esto generó tensiones, ya que la Corte había establecido previamente que corresponde a los jueces penales manejar estos procedimientos para garantizar la independencia judicial.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó entonces una demanda argumentando una intromisión en las competencias del Poder Judicial.
En octubre de este año, el juez federal Pablo Cayssials concedió una medida cautelar que frenó la aplicación del decreto, al considerar que este altera el sistema de gestión de bienes ilícitos de manera inconstitucional, afectando la autonomía de la Corte Suprema y su autarquía presupuestaria.
La ruta del dinero K
Durante la instrucción de esta causa, la Justicia determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente con el manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Báez, a través de la financiera SGI, mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior, y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de USD 54.872.866,69.
Según se estableció, el dinero depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas.
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Luego se adquirieron bonos de deuda pública que fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción S.A. (ACSA).
Además del capítulo conocido como “La Rosadita”, el tribunal entendió acreditadas maniobras de lavado independientes, como las compras de un campo en la Provincia de Mendoza (estancia “El Carrizalejo”) y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires (situado en avenida Del Libertador), por Leonardo Fariña.
También el pago de los gastos de la fiesta de casamiento de Fariña y la modelo Karina Jelinek, y la adquisición de diversos autos de lujo (Ferrari California, BMW X6 y Audi R8 Syder) con la intervención de Carlos Juan Molinari y Daniel Alejandro Bryn.
