En una nueva audiencia del juicio por la causa Cuadernos, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, presentó una recusación contra los integrantes del Tribunal Oral Federal N°7, lo que derivó en un cuarto intermedio.
La noticia fue comunicada por el abogado defensor de De Vido, Gabriel Palmeiro, al inicio de la audiencia. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli aseguraron que desconocían que se había interpuesto la medida y resolvieron hacer un receso para leer la presentación.
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La audiencia de este martes tenía previsto avanzar con las declaraciones de varios imputados, entre ellos empresarios y exfuncionarios que buscan desvincularse de las acusaciones de corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
En su declaración, De Vido negó todas las acusaciones en su contra: “Jamás he tenido o requerido de manera personal servicios de chofer o remisero, por la sencilla razón de moverme permanentemente con la custodia personal que tenía como Ministro, la cual era prestada por personal de la Policía Federal Argentina”.
“No participé, en mi carácter de Ministro del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, ni de cualquier otro modo, de ningún tipo de maniobra ni asociación ilícita con los fines de perjudicar al Estado, ni mucho menos de beneficiarme. Ignoro y desconozco si hubo algún tipo de comportamiento ilícito en el marco de los hechos que se investigan en los presentes actuados”, agregó el exfuncionario.
En una ampliación, De Vido preguntó: “¿Si ese dinero existió, dónde está? ¿No se supone que fue producto de una finalidad espuria, asociada al enriquecimiento ilícito de quien lo recibiere? ¿En qué elementos se sostienen esas afirmaciones si ninguna de las personas involucradas en aquellos hechos reconoció haber entregado dicho dinero y en razón de qué o con que proveniencia?”.
La investigación asegura que “el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411, CABA –domicilio particular de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández-, en la Residencia Presidencial de Olivosy/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos”.
Sobre la responsabilidad de la expresidenta, la fiscalía insistió que quedó reflejada en “las anotaciones de Oscar Bernardo Centeno y las declaraciones de los imputados colaboradores Ernesto Clarens y Claudio Uberti, siendo quien ejerció la jefatura de la organización y la única con capacidad efectiva de decidir cómo y qué hacer con los pagos realizados por los empresarios”.
El caso involucra a figuras centrales de la política y del empresariado. En el banquillo aparecen Cristina Kirchner, José López, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros exfuncionarios. Del lado de los empresarios se destacan Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero y Alberto Taselli. También está imputado Oscar Centeno, el chofer cuyos cuadernos dieron origen a toda la investigación.
Las primeras jornadas estuvieron dominadas por la lectura de declaraciones de imputados colaboradores como Claudio Uberti y Carlos Wagner. En su testimonio, Uberti sostuvo que “el día que murió Néstor Kirchner había más de US$60 millones en el departamento de Juncal”, aunque aclaró que lo sabía por comentarios de terceros. Wagner, por su parte, detalló el presunto mecanismo de recaudación ilegal y afirmó que la obra pública “iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos”.
También se incorporó la declaración de Oscar Centeno, que describió el circuito de entrega de bolsos y aseguró que, “en la época de Cristina Kirchner”, parte del dinero llegaba a la Quinta de Olivos. La dimensión del expediente —con más de 600 testigos previstos— explica la complejidad de esta etapa inicial.
Justamente, la intensidad de esas audiencias fue uno de los argumentos que impulsaron a Casación a exigir mayor celeridad. Incluso el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti intervino públicamente para reclamar que el tribunal “trabaje en verano” si hace falta para cumplir con los plazos.
