El Gobierno afina la negociación con los Estados Unidos por la firma del acuerdo comercial y advierte que hay dos artículos clave de difícil aplicación. El Ejecutivo reconoce que faltan una serie de rondas técnicas con funcionarios de la administración de Donald Trump y sostiene que “queda mucho papelerío” para su implementación formal.
“Es todo un marco para ir hablando. No va a estar listo en el corto plazo”, expresan en Nación. La Casa Rosada sostiene que se oficializará por partes, pero admite que tampoco tiene definiciones sobre la secuencialidad bajo la que se realizará. El oficialismo quiere que la apertura comercial se profundice luego de sancionar las reformas laboral y tributaria.
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Uno de los artículos que en Balcarce 50 remarcan como “complejo” de llevar a la práctica es la prohibición de importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio. Reconocen que no tienen una definición sobre qué tipo de estándar internacional aplicarán -EE.UU. se basa en la sección 307 de la “Tariff Act” que aplica la CBP- o si crearán un nuevo proceso de chequeo aduanero.
Otro de los puntos que ponen en duda en el gabinete es el que afirma que la Argentina realizará “cambios estructurales” sobre el régimen de propiedad intelectual basado en el informe especial 301 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR). Descartan por el momento realizar cambios sobre la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (24.481) en el corto plazo.
Lo mismo aplica para la adhesión al estándar internacional de propiedad intelectual que pidió los Estados Unidos. Se trata del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PTC) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), que fue elaborado en Washington en 1970.
“Hay mucho lobby de los laboratorios locales e internacionales, lo que traba el proceso”, expresan en Nación. La división se traslada a los integrantes del Gobierno: algunos insisten con impulsarlo y otros aseguran que puede derivar en una suba significativa de los medicamentos en caso de aprobarse. El proyecto cuenta con media sanción del Senado desde 1998 y continúa con estado parlamentario.
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El informe 301 remarca también que la protección contra el uso comercial desleal y la divulgación no autorizada de datos para la aprobación de productos farmacéuticos y agroquímicos “sigue siendo insuficiente” y exige cambios en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) por sus “recursos limitados y un número reducido de examinadores”.
En el Ejecutivo descartan reforzar el organismo e insisten con que tienen “otras prioridades”, como las negociaciones por los vencimientos de deuda de enero que ascienden a US$4000 millones. La Casa Rosada acelera además contactos con gobernadores y legisladores aliados para conseguir los votos para el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria antes de marzo.
