Pese a que el Consejo de Mayo confirmó que presentará el documento final de su trabajo anual el 9 de diciembre, con la intención de llegar a las sesiones extraordinarias con un borrador consolidado de los principales proyectos, las resistencias a la reforma laboral propuesta por el Gobierno crecieron este miércoles desde dos frentes centrales: la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT).
Ambos actores cuestionaron los lineamientos que el Consejo de Mayo discutió en su última reunión, donde quedó expuesto que el texto aún no logra un consenso mínimo entre empresarios y gremios, pero fundamentalmente con el Gobierno.
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El encuentro funcionó como una radiografía del clima interno. La conducción industrial planteó reparos sobre varios puntos sensibles, mientras que la central obrera advirtió que el borrador podría afectar derechos individuales y colectivos, incluidas garantías de organización sindical. Las diferencias quedaron claras en la mesa, pero también en los pasillos de Balcarce 50, donde el propio Gerardo Martínez asumió un rol inesperadamente activo.
El secretario general de la UOCRA y representante sindical en el Consejo de Mayo salió de la reunión y caminó directo al despacho de Santiago Caputo. En el oficialismo lo consideran el sindicalista con mejor llegada y el único interlocutor capaz de sostener un canal de diálogo en un escenario cargado de tensiones. El gesto de acercamiento contrastó con la presión que arrastra la CGT, que teme que la reforma derive en un retroceso normativo.
“Nosotros hablamos de una modernización laboral sin perder derechos”, dijo Martínez a los periodistas acreditados en Casa Rosada. Además, confió en que el Gobierno acepte que los trabajadores no retrocedan en beneficios adquiridos, porque “nadie vota un gobierno para perder derechos”.
Preocupación y rechazo
Para la CGT, las alertas se centraron en licencias, antigüedad, indemnizaciones, cobertura por enfermedad, ultraactividad de los convenios, límites a la acción sindical, negociación por empresa, cambios en el régimen de los convenios y en el financiamiento sindical.
En la central obrera creen que el proyecto responde más a reclamos empresariales que a necesidades concretas de modernización de las reglas del trabajo. Consideran a varias cláusulas regresivas porque contrariarían principios históricos del derecho del trabajo.
En paralelo, el sector empresario también transmitió reparos propios y dejó asentado que tampoco acompaña el texto tal como fue presentado, un dato que tensó aún más la discusión. El titular de la UIA, Martín Rappallini es el representante del sector productivo en el Consejo de Mayo. Los empresarios plantean objeciones sobre aspectos fiscales, cargas laborales y esquemas de financiamiento.
Según pudo saber TN, la UIA pide “una legislación que promueva un clima de mayor empleabilidad con menor litigiosidad y mayor gobernanza en las plantas”.
En respuesta a los planteos, en el Gobierno insisten en que la modernización pretende ofrecer un marco para reducir la informalidad y ordenar aspectos tributarios, de financiamiento de sindicatos y cámaras, y de funcionamiento de los convenios colectivos.
Sin acuerdo pleno, el texto final podría reflejar algunas modificaciones, pero tendrá la impronta de Milei, dado que el Ejecutivo tiene la última palabra.
La cuenta regresiva
La decisión de adelantar la presentación del informe del Consejo de Mayo se tomó para publicar la letra chica antes del inicio de las sesiones extraordinarias. La fecha original era el 15 de diciembre, pero se aceleró para llegar con una propuesta inicial y un esquema claro de títulos: ultraactividad, relación entre convenios, carga fiscal, financiamiento sindical y empresario, derechos colectivos e individuales, regímenes para autónomos, democracia sindical y otros puntos técnicos.
Tras la reunión, Cristian Ritondo expuso que la lógica del proceso fue intentar alcanzar un acuerdo sobre la estructura general, pero reconoció que falta discutir “lo fino”. En el equipo libertario admiten que la letra chica definitiva será un equilibrio complejo entre las propuestas debatidas y la conducción política que Milei espera imprimirle al texto.
Martínez evitó dar definiciones antes de reunirse con Caputo, pero dejó claro que no acompañarán un proyecto que implique perder derechos. Tras su paso por Casa Rosada, la conducción cegetista profundizará el análisis del borrador y reclamará una mesa específica de negociación con el Ejecutivo.
La pulseada quedó planteada. Empresarios y sindicatos expresaron observaciones clave, mientras el Gobierno busca acelerar los tiempos y exhibir una señal política antes de fin de año.
