El Gobierno denunció al financista ligado al Chiqui Tapia, presidente de la AFA. Ariel Vallejo es el dueño de Sur Finanzas y está acusado de lavado de dinero y evasión. Según la denuncia que realizó ARCA, las maniobras delictivas ascenderían hasta los $3.327.267.047.
La denuncia emitida por el Ejecutivo también sostiene que Sur Finanzas recibió dinero por trasferencias realizadas a través de la billetera virtual de la empresa, que suman un total de $818.000.000.000.
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La DGI que también participó de la investigación, vio que entre los sujetos que movieron esa cifra se encuentran personas no categorizados, apócrifos y hasta monotributistas de escasa capacidad económica.
“La contribuyente SUR FINANZAS PSP S.A. ofrece el servicio de billeteras virtuales, las que tienen un funcionamiento similar a una cuenta corriente”, indicó ARCA en su presentación judicial. Es decir, que a través de ella se puede transferir dinero o recibir fondos de otras billeteras virtuales o desde cuentas bancarias propias o de terceros. En síntesis, la aplicación de Sur Finanzas es una intermediaria.
Es por eso que el Gobierno sostiene que hubo evasión impositiva, ya que Sur Finanzas no detrajo de las transferencias de sus clientes una suma de impuesto nominal. Por esta acción, el fisco reclama una suma de $ 3.327.267.047,93.
Asimismo, según la denuncia, existieron 26 empresas que a través de Sur Finanzas hicieron transferencias. Esas mismas están dentro de la base de emisores de facturas apócrifas de ARCA. Este punto no cumple la medida del Banco Central que impide que las PSP den servicios a personas o empresas que estén dentro de la Base de Contribuyentes No Confiables.
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El Gobierno en la denuncia también consideró que Sur Finanzas “se encuentra en un lo que parecería una connivencia con un tercero que se esconde tras el velo de sujetos apócrifos, sujetos no categorizados y sujetos que son personas humanas, sin capacidad económica, para mover virtualmente los millonarios montos detectados”. Es por esta causa que ARCA tiene sospechas sobre la presunta ilicitud de los fondos, y pidió la acusación de supuesto lavado de dinero.
La DGI exigió en la presentación medidas de prueba de manera urgente, entre las que se menciona allanamientos, embargos, inhibición general de bienes de los autores de las maniobras y una intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).
