Tras la orden de decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, la Justicia evalúa avanzar sobre el departamento de San José 1111. Al respecto, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya trabajan en un segundo listado de propiedades a incautar y se lo van a presentar al tribunal. Allí estaría el actual domicilio de la expresidenta, donde cumple la prisión domiciliaria por la condena en la Causa Vialidad.
El departamento ubicado en el barrio de Constitución lo compró la familia Kirchner por una suma cercana a US$370 mil en el 2010, pero está a nombre de Hotesur. Los abogados de la expresidenta consideran que no se puede incautar por ser un bien cedido a los hijos (Máximo y Florencia), mientras que los fiscales insistirían en que fue obtenido con dinero que provenía de la corrupción.
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Sucede que en una primera etapa se dio prioridad a abarcar las propiedades que estaban a nombre de los imputados. Ahora, estudian la chance de continuar con aquellos inmuebles bajo sociedades anónimas.
La decisión de la Justicia afecta a los inmuebles de la expresidenta y otros condenados en la Causa Vialidad, como el empresario Lázaro Báez. Ahora, quedaron en poder de la Corte Suprema, que estará a cargo de inventariar y tasar cada uno. El proceso podría demorar meses.
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Entre los bienes a decomisar se encuentra el Hotel Los Sauces, en El Calafate, y la Justicia debe definir si se reutiliza con fines sociales o se subasta. Está valuado en US$15 millones. Es propiedad de Máximo y Florencia Kirchner, hijos de la expresidenta, quienes podrían presentar un amparo y dilatar el proceso. Será el tribunal integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti el que decida el destino de los inmuebles, y si serán o no subastados.
El fallo que ordenó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner tras la sentencia por la causa Vialidad destacó en relación a los bienes de las personas condenadas “que resultaron beneficiarias de los efectos del delito -ya sea del producto o del provecho-, el decomiso se inscribe en la tradición histórica del sistema penal argentino, orientada primordialmente a impedir que el delito comprobado rinda beneficios y a neutralizar los efectos patrimoniales de la conducta ilícita”.
La resolución mencionó que “corresponde considerar los bienes de los condenados que resulten decomisables en virtud de la función reparadora del daño social causado, así como en cumplimiento de la política pública de recuperación activos de la corrupción, obligación internacionalmente asumida por el Estado Argentino en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, entre otros instrumentos”.
