La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra en una etapa clave, con la presentación a indagatoria del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, quien estuvo casi dos horas en los tribunales federales de Comodoro Py pero se negó a declarar.
Según pudo saber TN, Spagnuolo llegó pasado el mediodía al edificio y los efectivos de la Policía Federal le permitieron entrar en su camioneta importada hasta el subsuelo para evitar la prensa. El acusado estuvo una hora y 40 minutos ante el fiscal Franco Picardi y del juez Sebastián Casanello.
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El extitular de la Agencia de Discapacidad se negó a responder preguntas, porque sostiene que todavía no pudo revisar todo el material probatorio que está incluido en el expediente. Ayer, había presentado un escrito donde hizo una exposición y negó todos los hechos del presunto esquema de sobornos y contratos direccionados. Lo mismo sucedió este mediodía en tribunales.
“Dijo que no tenía nada que ver con los cargos que se le imputaban y que iba a revisar la causa en profundidad cuando tuviera acceso a toda la prueba. Va a volver a declarar cuando pueda ver todo el expediente”, contó su abogado, Mauricio D’Alessandro, a la salida de Comodoro Py.
“También dijo que una pericia de parte sobre los audios estableció que fueron manipulados con inteligencia artificial”, agregó sobre una de las pruebas clave.
El letrado dijo al respecto: “Se usa un software que no existe en la Argentina, es de Alemania. El software compara el registro de voz del hablante con el registro de voz existente. El uso de audio ambiente genera la posibilidad de que no se pueda distinguir si es inteligencia artificial o voz natural, por eso se usa el sonido ambiente para engañar al software”.
Sobre el dinero que encontraron en uno de los allanamientos, explicó: “El secuestro de los dólares fue realizado en octubre, pero que ese dinero permanecía en la caja de seguridad desde hacía 7 meses antes de que asumiera su cargo”.
Como anticipó TN, el dictamen de la causa muestra una serie de irregularidades en la adjudicación de contratos para medicamentos y prótesis. Las grabaciones de video capturan el momento en que (el entonces jefe de la ANDIS), Spagnuolo, entra y sale de la casa del empresario, Miguel Ángel Calvete, un intermediario vinculado a proveedores farmacéuticos, con una mochila en mano, en medio de un esquema para entregar al menos 5 millones de pesos en efectivo.
D’Alessandro dijo al respecto: “Los $5 millones se anuncian como que se lo dieron (a Spagnuolo) el 11 de junio, pero las fotos son del 13 de agosto. O tardaron dos meses y dos días para juntar los $5 millones para el viaje a Israel, donde no se usa esa moneda, o son extemporáneos“.
El abogado aclaró: “Mi defendido sostiene que no tiene ninguna responsabilidad. Calvete no lo sé, no lo conozco, no hablé con su abogado. Spagnuolo no gestionaba pagos ni conoce a nadie que gestionara pagos por él".
Este martes Calvete, empresario y uno de los principales apuntados por la Justicia, se negó a declarar ante el juez federal, Sebastián Casanello. Calvete evitó responder preguntas pese a ser el primero en la lista de convocados y dejó abierta la incógnita sobre el resto de las indagatorias.
En ese contexto, todas las miradas están puestas en lo que ocurra con Spagnuolo, sobre el que hay un cúmulo de pruebas que lo involucran en maniobras que, según el fiscal federal, Franco Picardi, se desarrollaron entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, ya iniciado el gobierno de Javier Milei.
El esquema que deberá explicar Diego Spagnuolo
Las acusaciones centrales son dos: direccionamiento de contratos millonarios y pedidos de coimas. Según la investigación, al menos cuatro droguerías —Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta— habrían sido beneficiadas de manera sistemática.
Juntas ganaron contratos por alrededor de $40.000 millones en el último año y medio, un período que coincide con la llegada de Spagnuolo y de su número dos, Daniel Garbellini, a la conducción del organismo.
El expediente también detalla el rol de personas que no eran funcionarias de ANDIS pero que, sin embargo, tenían usuario y clave para acceder al sistema de contrataciones. Entre ellas aparece Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado, señalada por haber intervenido de manera irregular en las decisiones del organismo.
Además, hay un capítulo especialmente sensible: la supuesta participación de dos lobistas, Calvete y Pablo Achavajian, quienes —según las conversaciones incorporadas a la causa— daban instrucciones directas sobre qué proveedores debían ser favorecidos, cuáles sancionados y qué montos debían liberarse. Para la fiscalía, era una organización articulada que “digitaba” el circuito completo de las contrataciones públicas.
