Después de casi 30 años en la Justicia, este martes se define el futuro de Julieta Makintach. A las 10 de la mañana, el jurado de enjuiciamiento leerá el veredicto que decidirá si la jueza, involucrada en un escándalo por un documental filmado durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, pierde su cargo o resulta absuelta.
La magistrada también puede recibir una inhabilitación perpetua para ocupar cargos en el ámbito judicial en caso de ser destituida. Más allá de lo que decida el jurado, Makintach adelantó que no quiere volver a ser jueza, e incluso ya presentó su renuncia ante el gobernador Axel Kicillof.
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El juicio político se desarrolla en La Plata, en el subsuelo del anexo del Senado bonaerense, y está presidido por la jueza Hilda Kogan. El tribunal está compuesto por cinco legisladores provinciales y cinco abogados conjueces sorteados, quienes escucharon a los diferentes testigos que declararon durante las seis audiencias.
Los cargos en su contra señalan que la magistrada abusó de su poder al permitir la filmación clandestina del documental “Justicia Divina” durante el juicio por Maradona, lo que afectó la imparcialidad, perjudicó a las partes del proceso y dañó la credibilidad del poder judicial, sostienen desde la acusación, a cargo de la fiscal general Analía Duarte.
En ese entonces, la jueza formaba parte del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro, pero subrogó (cubrió una vacante) en el TOC N°3 junto a sus colegas Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, quienes llevaron adelante el juicio por la muerte del Diez.
Makintach, desde un primer momento, sostiene que ella no sabía que se trataba de una miniserie de seis capítulos donde el foco era la muerte del exfutbolista. Al contrario, asegura que solo dio “una entrevista” para un proyecto que tenía su amiga María Lía Vidal y el escritor maradoniano Juan Manuel Demilio.
Ese proyecto, según declaró la jueza en el jury, estaba orientado a su rol como mujer en la Justicia. “Me trataron de actriz, de ser una vedette, de querer tomar protagonismo. Me difamaron y me atacaron por todos lados, pero yo solo colaboré con una idea de mi mejor amiga de la infancia, una simple decoradora de interiores”, afirmó durante sus últimas palabras.
Sin embargo, en casi todas las audiencias se oyó la misma versión y es que todos, incluidos los miembros de la productora “La doble” que filmó el documental, sabían que el video tenía como “gancho” el juicio por la muerte de Maradona. Ese proyecto, según la estimación del presidente de la empresa, lo iban a vender por unos US$800.000.
Incluso, se comprobó que tanto el camarógrafo, como el iluminador, la maquilladora y el guionista ingresaron al edificio de tribunales de San Isidro por autorización de la jueza, y de nadie más que de ella, no solo en el juicio, sino también un domingo en el que grabaron imágenes de la magistrada caminando por los pasillos.
En una audiencia también se presentó una prueba que desde el Colegio de Abogados de San Isidro, representado por el abogado Guillermo Sagués, calificaron como “sumamente relevante”. Se trata de una “escaleta” o mal llamado guion, donde figuran los nombres que iban a tener los seis capítulos que formaban parte del documental.
Uno de ellos se titulaba “la sentencia”. Para la acusación, el final del juicio “ya estaba escrito”, y eso afectó la imparcialidad de Makintach como miembro de un tribunal que estaba juzgando a los siete imputados que están sospechados por el fallecimiento de Maradona.
Otra de las pruebas que podría complicar a la jueza viene de parte de una custodia del tribunal, quien declaró en el jury y acusó de Makintach de haberle pedido que “deje a su gente en paz”, cuando intentaron sacarlos de la sala, tanto a su amiga “La negra” Vidal, como a Demilio.
La defensa de Makintach, en cambio, aseguró que durante todo el debate no se pudo comprobar las presuntas irregularidades por las que se la acusa. Sus abogados aseguran que no infringió normas, que no tiene por qué pedir autorización para ingresar a su despacho, y que no existió dolo en su accionar.
Antes del inicio jury, Darío Saldaño, Nicolás Urrutia y Juan Martín Cerolini ya habían pedido la nulidad del debate. En su presentación, calificaron todo el proceso como “una verdadera caza de brujas” y dijeron que se la persigue más por su visibilidad mediática que por una conducta concreta.
La jueza está actualmente suspendida por el Consejo de la Magistratura y se le impuso una reducción del 40% de su salario, mientras se lleva adelante este juicio político. Con ese dinero, se abonarán los honorarios de todo el jurado y las costas administrativas.
Si hoy se decide su destitución, las implicancias podrían ir más allá de lo administrativo. Perder el cargo significa también perder sus fueros, lo que abre la puerta a una causa penal formal por las figuras que pesan sobre ella por cohecho pasivo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes como funcionaria pública y malversación de caudales, entre otros.
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La destitución no sería, por sí misma, una condena penal, pero liberaría el camino para que la fiscalía avance con la investigación que se lleva adelante en paralelo en la Justicia de San Isidro.
La decisión estará a cargo de los senadores provinciales Ariel Martínez Bordaisco (UCR) y Sergio Raúl Vargas (Unión Reunión y Fe); y las diputadas Abigail Gómez (La Libertad Avanza), Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria) y Guillermo Castello (La Libertad Avanza).
Además, de los abogados Álvaro García Orsi (La Plata), Pablo Agustín Grillo Ciocchini (La Plata), Fabián Ramón González (Morón), María Victoria Lorences (Lomas de Zamora) y Mirta Daniela Greco (Lomas de Zamora).
