El Gobierno derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a fin de reducir la intervención estatal en la producción vitivinícola y simplificar los procedimientos burocráticos. Lo hizo mediante la resolución 37/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que el nuevo esquema apunta a “dejar atrás el régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo” para concentrarse en garantizar la “aptitud para consumo del vino”.
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Menos control estatal y foco en el producto final
Con la resolución, el INV dejará de intervenir en etapas intermedias como la cosecha, la elaboración o el transporte del vino, y se limitará a controlar los productos embotellados. De este modo, el organismo solo verificará la calidad y autenticidad de los vinos listos para el consumo.
Los controles de trazabilidad, como certificaciones de origen o varietal, pasarán a ser optativos y quedarán a cargo de los productores o de entidades privadas. El cambio alcanza a todas las instancias de la cadena vitivinícola, desde viñedos y bodegas hasta fábricas de mosto, espumosos, fraccionamiento y exportadores.
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“Menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción”
Sturzenegger destacó que en 2024 el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5000 inspecciones, lo que —según dijo— mostraba “un nivel de control exagerado”. Añadió que “al eliminar las fiscalizaciones intermedias, los inspectores solo tomarán muestras de los productos embotellados y los enviarán a analizar, cerrando la puerta a la discrecionalidad y la corrupción”.
El ministro consideró que la medida da más libertad a los productores para adaptarse a un mercado global cambiante, donde el consumo de vino tradicional está en baja y surgen nuevas tendencias como el vino sin alcohol.
“¿Por qué tratar a las bodegas como delincuentes? Ya bastantes dificultades tiene el negocio para que el Estado las complique más”, remarcó.
