El Gobierno afirma que postergará hasta marzo las negociaciones con la oposición por las vacantes en la Corte Suprema y en los juzgados federales. El Ejecutivo asegura que no intentará sumar las candidaturas al temario de sesiones extraordinarias y que la definición de Javier Milei es que se traten recién en sesiones ordinarias.
“La línea que bajó el presidente es que el tema no se mueva hasta después de extraordinarias”, expresan en Nación. En la Casa Rosada remarcan que la principal prioridad es el proyecto del Presupuesto 2026 junto con las reformas laboral y tributaria. Lo mismo aplica para la iniciativa que promueve el uso de “dólares del colchón”.
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En Balcarce 50 hay además tensiones sobre la interlocución judicial del oficialismo con el Congreso en medio de las definiciones sobre la reconfiguración del gabinete. Mientras que en un sector del gabinete lo mencionan al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, como negociador autorizado, en otros sostienen que “puede haber cambios”.
Es por eso que se dilató la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia tras de que había renunciado de forma pública. La mesa chica del jefe de Estado no se puso de acuerdo sobre la designación de su sucesor y decidió dilatar su permanencia en la gestión. Uno de los candidatos en carpeta es el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.
En el Gobierno insisten en que están dispuestos a negociar una ampliación de la Corte Suprema con el kirchnerismo en la Cámara Alta. Remarcan como interlocutores al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, y al titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos.
En el Ejecutivo advierten que no definieron los candidatos que presentarán en 2026. Nación no logró validar los nombramientos de Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla a través del Senado y sus designaciones se cayeron en abril de 2025. El oficialismo tiene una lista de posibles candidatos al máximo tribunal en carpeta desde la caída de sus candidatos.
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Son los abogados Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacette, Alberto Bianchi y el exjuez federal Ricardo Rojas, que la Casa Rosada quería como reemplazante de Rodolfo Barra en la Procuración General de Tesoro. En la Casa Rosada sostienen que intentarán negociar con los gobernadores dialoguistas las vacancias de los 150 juzgados federales en el corto plazo.
La mesa política de Balcarce 50 también quiere incluir en las negociaciones al reemplazo del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, junto con la Defensoría General, que ocupa Stella Maris Martínez. En el oficialismo mantienen la postura de que “tampoco están cerradas propuestas para esos cargos”.
