A las personas que decidan no votar sin una justificación válida en las elecciones 2025, se les aplicará una multa que deberán abonar tras ser incorporados en el listado del Registro de Infractores.
Las únicas personas que se encuentran exentas para votar son los menores de entre 16 y 18 años y los mayores 70 años; ellos, en caso de ausentarse, no recibirán ninguna sanción económica.
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Cómo abonar la multa, paso a paso
Para regularizar la situación, deberá seguir los siguientes pasos:
- Ingresar en el Sistema de Consulta del Registro de Infractores (http://infractores.padron.gov.ar) donde tendrá dos alternativas para efectuar el pago.
- Primero, estará la opción de “Banco Nación”. Se generará la boleta de pago, el cual debe ser impresa para luego acercarse a la sucursal más cercana y abonar la multa correspondiente. Dentro de las 48 horas, se verá reflejado el pago y se recomienda que conserva el comprobante de pago, en caso de que ocurra algún inconveniente.
- Mientras que, la segunda posibilidad, será a través de “Otros medios de pagos” donde deberá seguir el mismo procedimiento y tendrá la opción de elegir si abonar la multa mediante una tarjeta de crédito, transferencia bancaria o pago en efectivo.
De cuánto es la multa por no votar en las elecciones
Las multas a nivel nacional comienzan a partir de los $50 y podrían ascender hasta los $500. Mientras que, en distritos que se basan con el sistema de Unidades Fijas –la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-,los montos rondan entre los $1.000 y $2.000.
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Sin embargo, los ciudadanos no solo tendrán problemas económicos, sino también civiles. Entre los más importantes se destacan el impedimento a la realización de trámites cotidianos, como la renovación del Documento Nacional de Identidad, la obtención del pasaporte y las gestiones para la jubilación.
Dichas sanciones se mantendrán hasta que se abone la multa y se justifique la ausencia. Incluso, se les imposibilitará el acceso a cargos públicos por los próximos tres años y se dificultará la obtención de los antecedentes penales, lo que traerá futuros problemas en caso de tener la intención de salir del país.
