La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó un contundente rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, al considerar que reproduce el capítulo laboral del Decreto 70/23, una medida que ya fue impugnada judicialmente por la central obrera.
A través de un comunicado difundido tras las reuniones del Consejo de Mayo, aseguraron que la iniciativa “no ofrece soluciones reales a los problemas económicos del país” y que “la ausencia de un modelo económico sustentado en el trabajo y los salarios impide el desarrollo y priva a miles de argentinos de un empleo digno".
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“La pobreza no es un fenómeno natural; por eso existen el salario y los derechos fundamentales del trabajo y la justicia social”, agregaron. En el mensaje difundido a través de redes sociales, la CGT remarcó: “Cada intento de avanzar contra los derechos laborales terminó en más precariedad, desigualdad y exclusión". Asimismo, defendió el papel de las PyMEs como motor de la producción y el empleo formal y planteó: “No es el exceso de regulaciones laborales la causa de los problemas económicos, sino la falta de una política productiva que incentive la inversión y la rentabilidad sostenida”.
En tanto, la central obrera llamó a impulsar un pacto productivo que promueva la capacitación, la formalización del trabajo y el equilibrio entre capital y trabajo, para “construir una Argentina productiva y exportadora, basada en el trabajo digno, la inclusión, la solidaridad y la justicia social”.
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“Queremos un pacto productivo que articule políticas activas para la generación de valor agregado, la capacitación laboral y la formalización del empleo. Creemos que es posible impulsar el desarrollo productivo sin deteriorar las condiciones laborales y el necesario equilibrio entre el trabajo y el capital”, expresaron.
Por último, el comunicado hizo hincapié en que los "derechos laborales no son responsables del denominado ‘costo argentino’" y exigió “un diálogo transparente y sustentable, que contemple los intereses de todos los sectores, no solo los empresariales".
“Los gobiernos hablan de seguridad jurídica para las empresas, pero esa garantía desaparece cuando los destinatarios son las trabajadoras y los trabajadores”, sentenciaron en el documento firmado por el Consejo Directivo Nacional de la CGT, con la participación de Gerardo Martínez en representación del Consejo de Mayo.
