Durante la recta final de la campaña electoral y con la mirada puesta en el nuevo Congreso que asumirá el próximo 10 de diciembre, el presidente Javier Milei ya define los ejes de tres reformas estructurales: laboral, tributaria y previsional. Su objetivo, según adelantó, es modernizar el marco normativo argentino y “facilitar el paso al trabajo formal, reducir la industria del juicio y fomentar la inversión privada”.
“Si la mitad de los trabajadores está en el sector informal, algo anda mal, las leyes laborales argentinas son anacrónicas”, afirmó el jefe de Estado. Para avanzar en esos cambios, el Gobierno necesitará acuerdos con otras fuerzas políticas en ambas cámaras del Parlamento.
Milei cuenta con el respaldo del PRO, parte de la UCR y algunos bloques provinciales. Además, mantiene acuerdos electorales con los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco). Con ese punto de partida, la Casa Rosada deberá construir mayorías legislativas en un Congreso que tendrá una nueva composición tras las elecciones del 26 de octubre.
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“El Gobierno deberá trabajar con la dinámica que se le dio al debate de la Ley Bases, permitiendo construir números de mayorías”, le dijo a TN el diputado radical libertario Pablo Cervi, presidente del bloque Liga del Interior. El legislador propuso además designar enlaces entre el Congreso y el Poder Ejecutivo “para consensuar los proyectos, escuchando a los actores de la economía”.
El 28 de junio de 2024, la Cámara de Diputados sancionó la Ley Bases con 147 votos a favor, 107 en contra y dos abstenciones. En ese momento, los libertarios apenas contaban con 37 diputados y siete senadores nacionales.
Reforma Laboral: “No hay un solo tema que no vaya a estar sobre la mesa”
El Gobierno trabaja en una reforma laboral que elimine convenios colectivos rígidos y uniformes, con la idea de “premiar la eficiencia y el esfuerzo individual del trabajador”. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, será el encargado de defender el proyecto.
En el coloquio de IDEA, Cordero advirtió que “no hay un solo tema laboral que no vaya a ser puesto sobre la mesa” en la discusión con empresarios y sindicatos.
Desde la UCR de Corrientes, el candidato a diputado Diógenes González, del espacio Provincias Unidas, sostuvo que “la reforma laboral tenemos que discutirla, pero con los trabajadores adentro”. Y agregó: “La reforma no se puede hacer en contra de ningún sector, sino tomando las mejores experiencias internacionales, las que lograron amplios consensos. Lo mismo ocurre con la reforma tributaria, que es clave para el futuro, pero debe tener una mirada federal. Provincias Unidas va a pararse en el centro físico y en el centro ideológico del Congreso”, afirmó el dirigente cercano al gobernador Gustavo Valdés.
Rechazo desde el kirchnerismo
El diputado de Unión por la Patria Pablo Carro, que busca su reelección por Córdoba, cuestionó la iniciativa. En un comunicado sostuvo que “jamás las reformas laborales generaron empleo, solo terminaron en mayor flexibilización y desocupación”.
Y advirtió: “Los sindicatos y especialistas en derecho laboral alertan sobre las consecuencias de abandonar los convenios colectivos por rama y avanzar en la precarización, porque podría profundizar la caída de los salarios”.
Propuesta de una comisión bicameral
El diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto para crear una Comisión Bicameral que estudie las futuras reformas laboral, previsional y fiscal, y una eventual modificación de la Ley de Coparticipación Federal.
La comisión estaría integrada por 32 legisladores (16 de cada cámara) designados por los titulares de ambas, respetando la proporcionalidad de los bloques y la representación federal. Tendría un plazo de 180 días para elevar sus dictámenes, prorrogable por única vez por 90 días, y se disolvería una vez finalizado su trabajo.
Además, podría convocar a audiencias públicas y requerir la participación de expertos, sindicatos, empresarios, académicos y organizaciones civiles. Contará con asistencia técnica de ministerios y de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
“La Argentina enfrenta una triple crisis estructural: un sistema laboral que no logra generar empleo formal en el sector privado; un régimen previsional crecientemente deficitario e inequitativo; y una estructura tributaria compleja, ineficiente y regresiva, que desalienta la inversión y fragmenta la competitividad regional”, argumentó Agost Carreño.
Antecedentes y fracasos previos
Durante 2024, la Cámara de Diputados debatió en la Comisión de Legislación del Trabajo —presidida por Martín Tetaz (UCR)— proyectos para reducir la jornada laboral, pero sin lograr dictamen.
Tetaz, autor de una de las iniciativas, sostuvo que “llevamos más de 100 años sin corregir la jornada laboral” y propuso “un periodo de exploración de jornadas alternativas para evaluar si se sostiene la productividad”.
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Ese mismo año también naufragaron proyectos sobre democratización sindical, limitación de mandatos para los líderes gremiales y eliminación de la cuota solidaria obligatoria.
Al inicio de su gobierno, en diciembre de 2023, Milei había incluido una reforma laboral dentro del proyecto de Ley Bases. Sin embargo, para alcanzar acuerdos parlamentarios, el Ejecutivo la redujo significativamente. Finalmente, la norma aprobada solo contempló la derogación de multas por no registración, la ampliación del período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral optativo como alternativa a las indemnizaciones.
