El Gobierno definió que no aplicará las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica tras el rechazo de los vetos en el Congreso. El Ejecutivo asegura que promulgará las iniciativas y que no les asignará recursos presupuestarios para su implementación, como realizó con la Emergencia en Discapacidad. “Así como están, las leyes quedan en suspensión hasta que se defina de dónde sacar la plata”, expresan en Nación.
En la Casa Rosada reconocen que el aumento de fondos para el Hospital Garrahan tiene poco impacto en las cuentas fiscales, pero aseguran que no la aplicarán para no contradecir el rechazo al incremento de fondos a universidades. La primera ley tiene un costo de $133.433 millones: $20.521 millones para residencias, $75.317 millones para el personal de salud asistencial y $37.595 millones para el no asistencial.
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“Si actuamos de una forma distinta, se genera un problema legal que también nos juega en contra en la posición que tomamos por Discapacidad”, agregan en el oficialismo. La encargada de delinear la estrategia jurídica es la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y su equipo de abogados.
La partida que preocupa a la mesa técnica de Balcarce 50 es la universitaria. Según un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso, el aumento de fondos tiene un impacto presupuestario para este año de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PIB. El documento contempla una actualización de gastos de funcionamiento del 32% y un incremento del 40% para los salarios junto con una actualización de becas.
El Gobierno planea dilatar la firma de la promulación de las leyes hasta el límite jurídico de diez días hábiles luego de que el Congreso le notifique la sanción. En ese marco, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció ayer una inversión de $30.000 millones de pesos para un plan de obras en el Garrahan.
Se trata de una estrategia similar a la que aplicó el Ejecutivo cuando se trató la Ley de Emergencia en Discapacidad y anunció que evaluaba un incremento de las prestaciones. En Nación analizan contrarrestar el costo político de no aplicar las leyes con gastos en menor proporción dentro de las áreas, pero no hay definiciones para la Ley de Financiamiento Universitario.
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En la Casa Rosada aseguran que apelarán al “impacto fiscal” en la suspensión de las leyes y recurrirán al artículo 38 de la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
La estrategia de la mesa técnica de Balcarce 50 se basa en no judicializar las normas, de forma que las presentaciones las hagan particulares y se atomicen los procesos con la intención de demorar una definición unificada de la Justicia. Nación busca postergar la erogación de fondos de las leyes hasta la ejecución del Presupuesto 2026, que debe ser tratado por el Congreso.
