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    Tras el rechazo a los vetos, el Gobierno analiza distintas estrategias para evitar la aplicación de las leyes

    En el Ejecutivo evalúan tomar la misma decisión que con la Emergencia en Discapacidad: promulgar las normas, pero sin asignarles presupuesto. “Lo que nos interesa es mantener el equilibrio en las cuentas públicas”, argumentan en Nación.

    Ignacio  Salerno
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    Ignacio Salerno

    02 de octubre 2025, 22:13hs
    Luego del rechazo de los vetos de Milei, el Gobierno evalúa suspender la aplicación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica (Foto: REUTERS/Alessia Maccioni).
    Luego del rechazo de los vetos de Milei, el Gobierno evalúa suspender la aplicación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica (Foto: REUTERS/Alessia Maccioni).
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    El Gobierno evalúa suspender la aplicación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica tras el rechazo del Congreso a los vetos de Javier Milei. Se trata del mismo esquema que el Ejecutivo aplicó con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que promulgó mediante un decreto, pero puso en suspensión la ejecución de sus fondos.

    La Casa Rosada está estudiando las implicancias de la erogación presupuestaria de las leyes y pone la mira sobre los fondos a las universidades. En la mesa técnica de Balcarce 50 reconocen que el incremento de asignaciones para el Garrahan tiene poco impacto en las cuentas. Contempla $133.433 millones: $20.521 millones para residencias, $75.317 millones para el personal de salud asistencial y $37.595 millones para el no asistencial.

    Leé también: Causa Spagnuolo: el Gobierno acelera la auditoría en la ANDIS y pone el foco en las compras de medicamentos

    Según un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso, el aumento de fondos universitarios tiene un impacto presupuestario para este año de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PIB. El documento prevé una actualización de gastos de funcionamiento del 32% y un incremento del 40% para los salarios junto con una actualización de becas.

    Los equipos técnicos de Nación aseguran que aplicarán o suspenderán ambas leyes y descartan realizar interpretaciones separadas para evitar un contrafrente legal. El oficialismo tiene previsto dilatar la decisión hasta el límite jurídico de diez días hábiles luego de que el Congreso le notifique la sanción. “La decisión la tomará el Presidente”, agregan.

    Revés para el Gobierno: el Senado rechazó los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y de fondos para el Garrahan y Milei deberá promulgarlas. (Foto: Senado)
    Revés para el Gobierno: el Senado rechazó los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y de fondos para el Garrahan y Milei deberá promulgarlas. (Foto: Senado)

    Hay diferencias internas en el Gobierno sobre el plan de acción respecto a las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica. Mientras que en un sector de Nación buscan bajar las tensiones con el Congreso, en otro sector del oficialismo hay preocupación por posibles cambios en la posición oficial que se aplicó sobre Discapacidad.

    “No podemos retroceder porque sería pronunciarnos en contra de lo que ya hicimos”, expresan. En la Casa Rosada apelan al “impacto fiscal” de la medida y recurren al artículo 38 de la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

    Leé también: El Gobierno realiza cambios en el plan secreto de la SIDE y prepara su envío al Congreso

    La encargada de delinear la estrategia del Gobierno es la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, que trabaja en varios asuntos junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y sus equipos de abogados administrativos. La Procuración del Tesoro, que coordina Santiago Castro Videla, también mantiene contactos con la mesa judicial.

    El Ejecutivo apunta a ganar tiempo para postergar la erogación presupuestaria de las leyes hasta la ejecución del Presupuesto 2026, que debe ser aprobado por el Congreso. En el sector menos dialoguista de Nación se inclinan por un plan de acción que promueva que las demandas por sus medidas las inicien particulares, de forma que se atomicen los procesos. “Lo que nos interesa es ganar tiempo y mantener el equilibrio en las cuentas”, agregan.

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