En la recta final del juicio por el atentado a Cristina Kirchner, los abogados de Brenda Uliarte, acusada de ser coautora por el delito de tentativa de homicidio triplemente calificado, pidieron este miércoles una pena del mínimo legal para su defendida.
“No debe superar los 10 años si se considera partícipe necesaria y no más de 5 años si la declaran partícipe secundaria”, expresó Gabriel Lanaro Ojeda, en compañía del letrado Eduardo Chitarro, durante su alegato, que se extendió por siete horas ante el Tribunal Oral Federal N°6.
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En esta línea, solicitaron que la imputación sea calificada como “tentativa inidónea”, es decir cuando alguien intenta cometer un delito, pero los medios que utiliza o el objeto sobre el que actúa hacen imposible que el delito se consume. Además, pidieron que sólo se tenga en cuenta el agravante de circunstancia de impacto político y social, al haberse tratado de un ataque a una vicepresidenta.
Asimismo, la defensa rechazó el pedido de la querella de dictar la misma condena a Fernando Sabag Montiel y a Uliarte. “En este caso, Sabag Montiel tiene un rol central y merece una pena mayor, no sería equitativo darle la misma pena a ambos”, indicó Lanaro Ojeda.
Por otra parte, Chitarro apuntó en su exposición contra la fiscalía por imputar a una mujer por un intento de femicidio. “La perspectiva de género a la hora de analizar la situación de nuestra representada brilla por su ausencia, ni siquiera la tuvieron en cuenta a la hora de su pedido de pena”, sostuvo.
Este reclamo tiene que ver con la afirmación de la fiscal Gabriela Baigún al decir que “Cristina Kirchner fue atacada por su condición de mujer para que no pudiera seguir desempeñando su vida política”.
En esta línea, los defensores pidieron que el contexto de violencia de género en el que estuvo Uliarte se tenga en cuenta a la hora de dictar la sentencia. “Era una persona absolutamente sometida, que lejos de dominarlo era dominada. Tal vez por las limitaciones estructurales que tiene y fascinada por un violento”, dijo Lanaro Ojeda sobre la relación que tenía la acusada con Sabag Montiel.
A medidados de agosto, los abogados defensores de Cristina Kirchner pidieron 15 años de prisión para Sabag Montiel y Uliarte, mientras que para Nicolás Carrizo solicitaron la absolución.
La fiscalía coincidió con esto último, aunque solicitó 19 años de cárcel para Sabag Montiel, mientras que Uliarte fue acusada de haber sido partícipe necesaria del mismo delito, y solicitó que sea condenada a 14 años de cárcel.
La semana pasada, la abogada de Sabag Montiel, Fernanda López Puleio, solicitó la absolución de su representado, “atento a que existe una animosidad que debe eximirse de pena el nombrado y, en función de la ausencia de capacidad de culpabilidad por el trastorno de salud mental evidenciado, consideramos que debe declarárselo inimputable”.
“Nos sorprendió que ni la querella ni la fiscalía comentaran nada sobre la personalidad o la estructura de pensamiento del principal imputado”, dijo la letrada. Además, leyó la primera pericia que se le hizo al imputado: “En ella figuran asociación de ideas anormal, discurso confuso, poco inteligible e ideas de tipo delirante. Yo no entiendo nada, porque después dos expertas dijeron todo lo contrario”.
La defensa de Nicolás Carrizo pidió la absolución
Más temprano, la defensa de Nicolás Carrizo, señalado como el jefe de “la banda de los copitos”, pidió también la absolución de su cliente. “Entiendo que la prueba a lo largo y ancho del debate comprobó que Carrizo nunca tuvo ni entregó un arma. Ni por asomo apareció una prueba en ese sentido”, sostuvo el abogado Gastón Marano.
Según el defensor, el imputado “dio en su momento su declaración testimonial, donde dejó su celular, y tras reiterados llamados al juzgado para recuperarlo le informaron que ya estaba disponible, pero al presentarse en el lugar le pusieron un par de esposas y le dieron una estadia en Marcos Paz que terminó durando tres años”. “La detención podría haber sido de otra manera y no atentando así contra la persona”, agregó.
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A su vez, consideró que “se dio la inexplicable situación del celular de Sabag Montiel, donde hasta hoy no pudimos ver ni tener la información completa que contenía en su dispositivo y que prueba que Carrizo nada había tenido que ver con esta causa”.
Marano sostuvo que la única vinculación entre su cliente y Sabag Montiel “es pura y absolutamente laboral, por lo que Carrizo no aporta el arma”. “Si Brenda (Uliarte) ya tenía acceso a la misma, por qué necesitarían de él para conseguirla”, aseveró.
