El Gobierno no aplicará el protocolo antipiquete en la marcha contra el veto al financiamiento universitario que se hará esta tarde. El Ejecutivo no les ordenará a las fuerzas federales que intenten evitar cortes de calles porque saben que será una movilización multitudinaria. “Que marchen, los vamos a dejar”, expresan en Nación.
Es por eso que en el Ministerio de Seguridad tienen previsto instalar vallados en las inmediaciones del Congreso para evitar contactos con los manifestantes. El operativo lo encabezará el comando unificado que coordina Gendarmería, la Policía Federal, Prefectura y la Policía Aeroportuaria. En el oficialismo aseguran que los agentes intervendrán si los asistentes intentan derribar las vallas.
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“Se va a avanzar en la misma lógica que en las manifestaciones más concurridas. Vamos a cuidar los bienes del Estado”, agregan. El secretario de Inteligencia del Estado, Sergio Neiffert, estuvo hoy en las oficinas del asesor presidencial Santiago Caputo, como en otras ocasiones en la previa de una movilización de alta magnitud. Hubo una coordinación también con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
La Casa Rosada sigue de cerca la planificación de la Marcha Federal Universitaria, que fue convocada para las 17 en la plaza del Congreso y se llevará a cabo al mismo tiempo en que la Cámara de Diputados tratará el rechazo al veto contra la Ley de Financiamiento Universitario junto al de Emergencia Pediátrica. En Balcarce 50 no hay altas expectativas sobre la posibilidad de sostener las medidas en la Cámara Baja.
El Gobierno acusa además a la marcha de “política” y mantiene la postura de que intentará dilatar el mayor plazo posible la aplicación de la erogación presupuestaria en caso de que el Congreso ratifique la ley.
La Confederación General del Trabajo (CGT) también asistirá a la movilización en apoyo del aumento al financiamiento de las universidades y de la emergencia pediátrica. Lo mismo aplica para diversos sectores del Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica, Volvamos Buenos Aires y el Frente de Izquierda (FIT), entre otros.
La Casa Rosada intentó acercar posiciones con el sector a través del anuncio de aumentos en las partidas del Presupuesto 2026 a $4,8 billones para universidades, pero no logró bajar las tensiones. El equipo técnico del Ministerio de Economía también promovió un incremento del 5% en jubilaciones y del 17% en Salud.
En el veto que firmó el jefe de Estado, Nación sostiene que la Ley de Financiamiento Universitario implica un costo de $1,06 billones para el presupuesto de 2025, que es una prórroga ajustada por la inflación de la partida de 2023. El oficialismo apela además al artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige que toda ley con nuevos gastos especifique recursos.
